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La diputada Carolina Beauregard Martínez (PAN), a través de una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 5 de la Ley General de Educación, planteó establecer que el Estado deberá reparar integralmente el daño que las personas hayan sufrido como consecuencia de la violencia y/o acoso escolar.
La propuesta, enviada a la Comisión de Educación y suscrita por integrantes de su grupo parlamentario, señala que el bullying es una problemática social y es necesario atender esta situación a fin de garantizar a las y los educandos un servicio educativo de calidad, que se brinde en un ambiente de paz y libre de cualquier tipo de violencia.
Entre las consecuencias del acoso escolar se encuentra la depresión, ansiedad, molestias físicas y psicológicas generalizadas, pérdida de sueño, pérdida de interés, disminución del rendimiento físico y académico, deserción escolar, trastornos alimenticios y en casos extremos pérdida de la vida.
Resalta que el acoso escolar debe ser reconocido, prevenido, combatido y erradicado para garantizar otros derechos humanos. Asimismo, reconocer que el bullying escolar tiene efectos transversales perjudiciales para otros derechos fundamentales y para otras personas, además de la víctima directa.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y, generalmente, están en una posición de desventaja o inferioridad.
La iniciativa considera que no se debe permitir más víctimas del acoso escolar, por lo que se debe ser enérgicos en las medidas para prevenir y erradicar el bullying en las escuelas, lo cual es un deber como autoridades que forman parte del Estado mexicano.
