F&S
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las autoridades del Estado de Durango deben crear una fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura, con plena autonomía técnica y operativa, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 55 y Sexto Transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Esta decisión deriva del análisis de un caso en el que la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública formuló una denuncia por probables actos de tortura cometidos en contra de una persona a la que esa institución defendía. En respuesta, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango le comunicó que no existía una fiscalía especializada para la investigación de ese tipo de delitos, sino una unidad administrativa.
Por ese motivo, la Secretaría Técnica promovió un juicio de amparo en el que reclamó del Gobernador, el Congreso, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas del Estado de Durango, la omisión de crear una fiscalía especializada para la investigación de los delitos de tortura, conforme a lo establecido en la Ley General de la materia.
En su demanda de amparo, la Secretaría Técnica argumentó que al no existir una fiscalía especializada se viola el derecho a que la autoridad investigue de manera independiente, imparcial y eficaz el delito de tortura, lo cual es una de las razones que generan impunidad en el país.
El Juez de Distrito concluyó que no existe omisión porque la Fiscalía Estatal creó la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura, con lo cual dio cumplimiento a la obligación establecida en la Ley General en la materia. Inconforme, la Secretaría Técnica interpuso un recurso de revisión, mismo que fue atraído para su resolución por la Suprema Corte.
Al analizar el asunto, la Primera Sala consideró que la creación de fiscalías especializadas, dotadas de plena autonomía técnica y operativa, es primordial para combatir las condiciones de impunidad relacionadas con el fenómeno de la tortura. En este sentido, advirtió que la Unidad Especializada referida no cumple con estos requisitos ni puede llevar a cabo investigaciones independientes, pues depende directamente de una Vicefiscalía y su titular puede ser removido por la persona titular de la Fiscalía General.
Asimismo, el alto tribunal destacó que, conforme al texto de la Ley General en la materia, la única excepción para no crear fiscalías especializadas es la falta de recursos económicos, pero en este caso ninguna de las autoridades de Durango demostró que esa fuera la razón para decidir crear una unidad y no una fiscalía especializada.
Con base en estas razones, la Primera Sala revocó la sentencia del Juez de Distrito y concedió el amparo para que las autoridades responsables, a la luz de la Ley General de la materia, realicen las gestiones y actividades necesarias para crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la notificación de esta resolución.
