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La diputada Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC) impulsa una iniciativa que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de que no se puedan realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas “a la atención de niños, niñas y adolescentes”.
La propuesta, enviada para su análisis a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, también establece que la evaluación de programas y presupuestos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán considerar la incidencia entre niñas, niños y adolescentes.
Además, tendrán que incluir información e indicadores desagregados por grupos de edad de manera diferenciada entre niñas, niños y adolescentes, relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas.
Destaca que estas acciones son primordiales, ya que del monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, únicamente el 11 por ciento será destinado a la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Agrega que año con año, el PEF refleja menos del 1 por ciento del presupuesto destinado a los programas dirigidos a la identidad, vida libre de violencias, atención y procesos de la niñez migrante, así como la prevención del trabajo infantil y la atención a violencias contra ellas y ellos.
Refiriere que a través de los datos ofrecidos por los estados de la República se logró promediar el porcentaje del presupuesto público destinado a la niñez y adolescencia en el ejercicio fiscal 2023: 0.96 por ciento para participación activa y significativa de esta población, 5.72 por ciento para atención a la niñez migrante y la prevención del trabajo infantil.
De igual manera, el 6.11 por ciento fue para el derecho a la salud para niñas, niños y adolescentes, la nutrición y el desarrollo infantil temprano, el 43.44 por ciento para la educación, reducción de las brechas de pobreza y espacios de recreación.
En tanto, en 12 estados no se establecen por ley anexos presupuestales de la niñez, mientras que dos entidades no tienen información accesible sobre el presupuesto de egresos estatal.
Ante este panorama, considera necesario impulsar la transparencia presupuestal de los recursos públicos a través de la creación de anexos o clasificaciones presupuestales de la niñez y adolescencia a nivel federal y local, para que se tenga un mejor control y monitoreo de los recursos asignados a los estados.
