Héctor Estrada
A sólo tres meses de la jornada electoral que definirá a la nueva presidenta de la república y al nuevo gobernador de Chiapas, en la entidad chiapaneca al menos 207 secciones electorales están consideradas como zonas de alto riesgo para salir a las urnas el próximo 2 de junio, debido a la narcoviolencia latente que afecta a diversos municipios del estado.
Mientras la cuenta regresiva se consume y muchas de las candidaturas siguen en la disputa interna, Chiapas se enfila hacia uno de los procesos electorales más peligrosos en su historia. Nunca antes una elección sexenal en la entidad se había enfrentado a un contexto semejante, de enfrentamientos, desapariciones, ejecuciones, desplazamientos forzados y comunidades abandonadas por el miedo.
A decir del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) los principales focos rojos para el desarrollo de la jornada electoral se encuentran en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Motozintla, Chicomuselo, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Chenalhó, Aldama, Chalchihuitán, Venustiano Carranza, Oxchuc y Altamirano. Sin descartar otros tantos donde también se vive también tensión por la violencia.
Apenas hace unos días el Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas denunció que, debido a amenazas e intimidaciones de parte de presuntos grupos criminales, 12 aspirantes a cargos públicos de dicho partido han decidido no participar en el actual proceso electoral local. En total, según Acción Nacional, son 12 los municipios chiapanecos considerados lugares donde no existen las condiciones mínimas para desarrollar el proceso.
Y es que, hasta el momento se tiene registro de las solicitudes de siete candidatos que se acercaron al mecanismo especial implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para obtener seguridad adicional ante el temor de agresiones directas: tres de ellos son aspirantes al Senado de la República, tres a diputaciones federales y uno más a la Presidencia de la República.
Y la preocupación no es para menos. De acuerdo a datos recabados por el informe “Votar entre balas” de la organización Data Cívica, desde 2018 a la fecha se tienen contabilizados 19 ataques contra funcionarios, candidatos, excandidatos o exfuncionarios de Chiapas. La última agresión mortal ocurrió en enero pasado cuando David Rey González, aspirante a la presidencia de Suchiate, fue asesinado por hombres armados mientras se trasladaba en una motocicleta.
La presunta ejecución de David Rey se sumó al asesinato de Martín Palé, aspirante a la alcaldía de Ixhuatán, el pasado 9 de diciembre. Además de los ataques armados cometidos contra Addy Serra, síndica de Pichucalco y aspirante a una diputación local, el 15 de noviembre de 2023, y la ocurrida contra Gabriel Orantes, aspirante a la alcaldía de San Fernando, el pasado 28 de febrero.
Sin olvidar desapariciones como la del aspirante a la presidencia municipal de Maravilla Tenejapa, Antonio Santiz, y la del ex alcalde de Frontera Comalapa, Irán Mérida. Así como el reciente atentado denunciado por Willy Ochoa Gallegos, candidato al Senado y ex gobernador interino de Chiapas, ocurrido a finales del pasado mes de febrero.
El asunto ha comenzado a mostrar sus serias complicaciones de organización desde antes de la misma jornada. Como muestra de ello, Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, reveló hace unos días que en municipios como Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo la gran mayoría de las personas seleccionadas como funcionarios de casilla simplemente han rechazado participar en el proceso.
Se trata de un escenario que inevitablemente va a repercutir en al ánimo de las personas para salir a las urnas dentro de un estado donde se pretenden instalar más de seis mil 990 casillas únicas, en las que se habrán de definir a las autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes legislativos; y, por lo tanto, al destino de la entidad para los siguientes seis años… así las cosas.
