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Exigen al gobierno federal atender violencia en Chiapas

Mary Jose Díaz Flores 31 Jul 2024 Chiapas, Principales

Mary Jose Díaz/F&S

En un documento difundido en redes sociales, redes, colectivos y organizaciones de derechos humanos  no gubernamentales,  demandan al gobierno federal su inmediata intervención en municipios de Chiapas para prevenir nuevos desplazamientos forzados y otros daños irreparables a la vida, la integridad y otros derechos de las personas afectadas por el crimen organizado.

Los firmantes exigen al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, abstenerse de realizar señalamientos a la población que criminalizan y causan victimización secundaria en los términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas, esto en relación a la alerta máxima en la que vive población de Chiapas por la inseguridad en algunos municipios.

Asimismo, exigen a los gobiernos federal y estatal garantizar que las personas afectadas por la violencia puedan acceder a los mecanismos de asistencia y reparación integral previstos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.

Mientras que a la Secretaría de salud, le exigen brindar atención en salud a las personas afectadas, a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Chiapas y municipales brindar alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia, como lo contempla el artículo 43 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.

Asimismo demandan a la  la Comisión Estatal de los Derechos Humanos conocer e investigar las violaciones de derechos humanos antes descritas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes para dar cumplimiento a las leyes estatales y federales de protección a las personas afectadas.

Asimismo, exigen la Comisión Estatal y comisiones locales de Búsqueda de Personas activar mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas que puedan haber sido objeto de desaparición forzada en las confrontaciones entre los grupos armados.

Los organismos piden también a los gobiernos federal y estatal facilitar el retorno, reasentamiento o reintegración de las personas desplazadas internas en condiciones de seguridad, voluntariedad ydignidad. A la Secretaría de Relaciones Exteriores le exigen establecer una mesa de coordinación binacional con el gobierno de Guatemala para brindar asistencia a las personas que sedesplazaron al vecino país, así como coordinar acciones para el retorno de las personas en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad cuando así lo decidan.

En tanto que a  la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes  le llaman a asumir la responsabilidad en la protección de los niños, niñas y adolescentes y velar por la garantía de sus derechos a la salud, educación, e investigar las denuncias de reclutamiento forzado.

Los organismos refieren que la población civil que se mantiene en alerta por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan la región son los ubicados en Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras, donde las familias  incluso se encuentranincomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos delcrimen organizado.

Aseguran que la población de estos municipios está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, además está siendo obligada por los grupos criminales aparticipar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival opara impedir el paso de fuerzas federales.

Ante esta situación, resultan de suma preocupación  que se minimice la situación humanitaria y que se descargue  la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales.

El documento es firmado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina para América Latina y el Caribe, Apostólicas del Corazón de Jesús, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC., Centro de Derechos las Víctimas la Violencia Minerva Bello, Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), Formación y Capacitación (FOCA),Iniciativas para Desarrollo Humano A.C. (IDEHU), Kaltsilaltik AC, La 72 Hogar Refugio paraPersonas Migrantes, Médicos del Mundo – Francia (MdM, entre otros. Vía: Mary Jose Díaz/F&S

Leída: 21
2024-07-31
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