Mary Jose Díaz Flores

En el Zoológico Miguel Álvarez del Toro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se gastarán cerca de diez millones de pesos en la construcción de una jaula para exhibir nuevamente un ejemplar de águila arpía; especie en peligro de extinción que presuntamente traerán a Chiapas.

Sin embargo, llama la atención que se gasté tanto dinero en una jaula, cuando recientemente un indígena de San Juan Chamula presumió en redes sociales la construcción de una casa muy amplia y con diseño arquitectónico con un costo de un millón y medio de pesos.

Exhibiendo de esta manera los sobreprecios en la obra pública que además; se acelera en el año de Hidalgo y todos los funcionarios están haciendo de las suyas.

A la entrada del Zoomat se encuentra la tabla donde especifican la obra donde vivirá el Águila, que ya intercambian en Brasil y que tendrá un costo de nueve millones 774 mil 069.52 pesos que comparado con la vivienda de San Juan Chamula, con este dinero se podrían edificar seis viviendas de gran tamaño.

Sin duda, vale la pena repoblar el zoológico que está en total abandono, pues hay más jaulas vacías que nada, pero este recurso aportado por el gobierno estatal, para cumplir con el convenio firmado con CONAFOR y que entró al Fondo Estatal Ambiental que administra la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural que dirige María Bonifás Alfonso, es demasiado para una supuesta jaula y se ejercen de manera urgente cuando no se cumplieron las metas de los proyectos ejecutados y contenidos con la CONAFOR, lo que genera suspicacias.

Por lo tanto, más claro no puede quedar que el ejercicio millonario tiene otros fines, lo ejecutan seguramente para alguna cuenta bancaria y con el pretexto de construir una jaula para un polluelo macho de águila arpía, la cual desde 1997 se dejó de exhibir en Chiapas.

La voracidad de los funcionarios queda exhibida; mejor usaran realmente el recurso para repoblar el zoológico y no para engordar los bolsillos de los actuales funcionarios que en el año de Hidalgo, pretenden llevarse todo lo que puedan, pese a que han demostrado ser ineficientes para el cargo.

Esta dependencia al inicio de su administración regresó 3.4 millones de pesos en 2021 a Hacienda del Estado por no haber podido diseñar, planificar, documentar y sustentar proyectos de infraestructura para el mantenimiento y conservación de viveros, evidenciando la incompetencia de los titulares.

De paso también por incompetencia, la dependencia fue obligada a reintegrar 4.5 millones de pesos que iban a servir para construir y rehabilitar campamentos tortugueros en Barra de Zacapulco y Puerto Arista; aunque ahora que ya se van, apresuran el paso de obras para llevarse todo lo que puedan.

La funcionaria del medio ambiente, ha mostrado siempre su incapacidad y desafortunadamente termina esta administración incumpliendo con la 4T, pero eso sí, con una fortuna incuantificable y evidentemente con la complicidad de la Secretaria de Infraestructura; Claudia Baca Esquinca.

Con Filo

Normalistas de la escuela Rural Mactumatzá, realizaron una marcha en la capital del estado y un plantón frente a palacio de gobierno, donde como ya acostumbran recordaron la represión de la que fueron víctimas en el 2003 durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. En la manifestación recordaron que unas 200 personas fueron atacadas por parte de la fuerza pública. Los normalistas quemaron un busto de Pablo Salazar, que ha regresado a la vida pública de Chiapas. La imagen del exgobernador chiapaneco fue cargada por los alumnos, junto a un ataúd de cartón con el nombre de; José David quien falleció en un enfrentamiento entre normalistas y policías estatales. Recordaron las detenciones y aseguraron que no olvidan el seis de agosto; sin embargo los normalistas no están contentos con nada, pues sus acciones son violentas, pese a que específicamente en este gobierno, han tenido becas y recursos de manera oportuna, se quejan cuando se aplica la ley, pero la verdad sea dicha, ellos la vulneran a cada rato y transgreden el estado de derecho, por lo que bien merecido se tienen que el estado aplique la ley cuando así se requiera.