- La diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez (Morena) propone cambios a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales
La diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez (Morena) planteó que la política cultural del Estado tiene la obligación de revisar, actualizar y adecuar periódicamente las exposiciones permanentes, los textos museográficos y los contenidos oficiales de museos, archivos históricos y bibliotecas públicas con perspectiva de género e interseccionalidad.
Lo anterior, para visibilizar el papel de las mujeres, de los pueblos originarios y de otros grupos de atención prioritaria, promoviendo una cultura más inclusiva.
Los cambios propuestos a los artículos 5, 6, 7, 12, 15 y 37 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales proponen que la Federación, las entidades, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México apliquen medidas que garanticen la adecuación de las exposiciones, acervos y materiales de museos, archivos históricos y bibliotecas públicas con perspectiva de género e interseccionalidad, en coordinación con especialistas y organizaciones de la sociedad civil en la materia.
Asimismo, en el desarrollo de acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, se deberá garantizar que los contenidos históricos y culturales reflejen la diversidad de la sociedad mexicana, incluyendo el reconocimiento de las aportaciones de mujeres, pueblos originarios y otros grupos de atención prioritaria.
Se precisa que se deberá garantizar la consulta y participación de organizaciones y especialistas en materia de género e interseccionalidad en los procesos de revisión, adecuación y actualización de los contenidos culturales de museos, archivos y bibliotecas públicas.
El documento, turnado a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su estudio, subraya que en México los espacios culturales –museos, archivos históricos y bibliotecas– han sido construidos desde narrativas hegemónicas que tradicionalmente han invisibilizado o minimizado las aportaciones históricas, sociales y culturales de las mujeres, pueblos originarios y otros grupos de atención prioritaria.
Esta situación, agrega, perpetúa una brecha de desigualdad y afecta el pleno ejercicio de los derechos culturales al reproducir discursos que excluyen la diversidad de la sociedad mexicana y no reflejan el principio de equidad e inclusión que debería regir la política cultural del Estado.
La falta de una representación incluyente no solo perpetúa la desigualdad sino que limita el desarrollo de una cultura de derechos humanos; por ello, establecer la obligación legal de actualizar los contenidos culturales no solo fortalece la política, sino que garantiza la construcción de una memoria colectiva más justa y equitativa.
Aclara que la aprobación de la presente iniciativa no implicaría la creación de nuevas unidades administrativas, ni plazas en la administración pública, ni nuevas instituciones o programas de gasto, por lo que no requieren ampliaciones presupuestarias.
