- El diputado Leonel Godoy señaló que este delito tiene graves repercusiones en la seguridad pública, la economía y la vida de las personas
En sesión vespertina de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Leonel Godoy Rangel(Morena) fundamentó el dictamen a la iniciativa que reforma el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 constitucional, en materia de extorsión.
Expuso que la iniciativa que da origen al dictamen fue presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la Comisión Permanente el pasado 10 de julio y recibida en la Comisión de Puntos Constitucionales el 17 de julio.
Indicó que la extorsión es un delito concurrente. Está en el Código Penal Federal, como en los códigos penales de los estados, pero eso conlleva una regulación con distintos bienes jurídicos protegidos y variados verbos rectores, y “justo esta reforma que dará motivo a la ley general contra la extorsión va a atacar este punto principal técnicamente, el bien jurídico a tutelar, que ya no será solo patrimonial, sino un delito que se persiga de oficio”.
Destacó que el proyecto de decreto busca hacer frente a uno de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana: la extorsión, figura que tiene graves repercusiones en la seguridad pública, en la economía y en la vida de muchas personas, y es el delito que más ha crecido.
El diputado Godoy Rangel subrayó que una condicionante para el combate eficaz del delito a la extorsión a nivel nacional tiene que ver con la necesidad de homologar las penas que permita unificar criterios de justa punibilidad y ayude a combatir realmente este delito.
Consideró que la aprobación del dictamen permitirá establecer y uniformar eficazmente las herramientas jurídicas contenidas en las legislaciones estatales vigentes relacionadas con el complejo delito de la extorsión, así como las modalidades bajo las cuales se comete a través de herramientas de investigación eficaces y bajo los principios de coordinación y colaboración institucional.
Adicionalmente, dotará al Congreso de la Unión de plenas facultades para expedir una legislación general en materia de extorsión, la cual buscará unificar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y cumplir con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismo de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.
Además, su aprobación catalogará este delito como de alto impacto por las repercusiones que representa para las víctimas y para el Estado mexicano en su conjunto, que se persiga de oficio y que la denuncia pueda ser presentada de manera anónima, añadió.
El legislador dio cuenta del consenso alcanzado por las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales al aprobar el dictamen, el cual es una muestra de que ante la gravedad de las amenazas que enfrenta nuestra nación por este flagelo “los partidos políticos podemos ponernos de acuerdo para hacer frente a una de las demandas más sentidas del pueblo mexicano. El combate frontal al delito de extorsión es sin duda un tema en el que deberemos seguir coincidiendo al analizar y discutir la legislación secundaria”.
Citó que en 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, a enero de 2025 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento del 58 por ciento en tan solo seis años; las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades del delito de extorsión.
Mencionó que la extorsión presencial, que es el cobro de piso, deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por ese delito, mientras que el telefónico, que es más o menos posible que se pueda contener, se hace principalmente desde los centros penitenciarios.
Enfrentar este flagelo –añadió– “nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor, que únicamente afecta la seguridad personal, sino también de manera cada vez más recurrente al patrimonio y a la esfera psicológica y emocional, entre otros bienes jurídicos”.
El diputado comentó que actualmente en muchas partes del país también se está dando a nivel de cargos en los ayuntamientos de los estados, fundamentalmente aquellos municipios más pequeños, que tienen menos capacidad de resistir las presiones del crimen organizado.
Hizo notar que la presidenta de la República ha estado junto con las autoridades estatales dándole seguimiento puntual a este delito porque hay disminución en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, y se ha comprometido con las gobernadoras y gobernadores a atenderlo con diversas acciones de política pública.
Ello, dijo, va a dar motivo a una coordinación fundamental que está previsto en el Plan Nacional de Seguridad Pública y en el Plan de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, formulada a partir de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y enmarcada en la reciente reforma al artículo 21 constitucional donde le da atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana para coordinar estos esfuerzos.
