- La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) solicitó suprimir los artículos del 329 al 334 del Código Penal Federal
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) presentó una iniciativa donde plantea la eliminación del delito de aborto en el ámbito federal, mediante la derogación de los artículos del 329 al 334 del Código Penal Federal.
“Lo que buscamos es evitar una persecución penal, derivada del derecho al aborto como derecho humano, y así contribuir en el tema de los embarazos no deseados”, subraya la legisladora en la exposición de motivos.
Considere que la propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, contribuiría a erradicar la maternidad forzada, prevenir afectaciones físicas y psicológicas, y garantizar un acceso seguro, igualitario y digno a los servicios de salud reproductiva.
Señala que en México el tema del aborto ha sido históricamente estigmatizado, lo que genera discriminación estructural contra las mujeres, vulnerando sus derechos humanos.
Destaca que el embarazo adolescente representa un grave riesgo para la salud física y emocional de los jóvenes, al ser uno de los sectores con mayor vulnerabilidad, lo que exige políticas públicas enfocadas en la prevención, la educación sexual integral y el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva.
Explica que la penalización del aborto ha provocado que muchas mujeres recurran a procedimientos clandestinos, poniendo en riesgo su vida y que por ello es indispensable enfocar los esfuerzos del Estado en la protección de los derechos a la salud, la información y la seguridad jurídica.
Además, hace referencia a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha determinado la inconstitucionalidad de normas que penalizan el aborto, estableciendo que ninguna persona gestante puede ser procesada penalmente por esta causa.
Subraya que la interrupción del embarazo debe abordarse como un derecho y no como un delito, evitando obstáculos legales que perpetúan desigualdades sociales, económicas y de género.
El derecho al aborto –puntualiza– debe ser una decisión de la persona gestante, y en ese derecho debe prevalecer la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres que tomen la decisión de abortar, ya que su autonomía reproductiva no debe ser una limitante para su desarrollo personal.
Hay que reconocer que la carga moral y social que orilla a las mujeres a tomar esta decisión aumenta conforme a otros factores como son la pobreza y la falta de oportunidades de educación, laboral y de un entorno que les brinda protección; “por ello no se debe penalizar el aborto ni limitarles su libertad sexual y reproductiva”, enfatiza.
