La Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Colectiva Feminista 50 más 1 manifiesta su profunda preocupación e indignación ante la información difundida en medios de comunicación y redes sociales sobre el caso de una niña que dio a luz en el Hospital de las Culturas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Este hecho, más allá de ser un evento aislado, pone en evidencia la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes, particularmente en contextos de pueblos originarios, donde continúan prácticas como el matrimonio y las uniones infantiles forzadas, a pesar de estar prohibidas por la ley.
Recordamos que recientemente el Congreso del Estado de Chiapas legisló para prohibir el matrimonio infantil, reconociendo que esta práctica constituye una forma de violencia que vulnera derechos fundamentales como la salud, la educación, el libre desarrollo de la personalidad y una vida libre de violencias. Sin embargo, la realidad demuestra que la ley no se está aplicando de manera efectiva, ya que estas uniones continúan ocurriendo sin que autoridad alguna intervenga para prevenirlas, investigarlas o sancionarlas.
Resulta especialmente alarmante que, a pesar de la gravedad del problema, no se conoce públicamente una política pública integral, clara y sostenida por parte de las autoridades competentes, en particular de la Secretaría de la Mujer, orientada a prevenir, erradicar y atender los matrimonios y uniones infantiles, ni a garantizar la protección efectiva de niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo.
Desde esta Comisión advertimos que la maternidad forzada en niñas es consecuencia directa de la omisión del Estado, de la normalización de prácticas que constituyen violencia sexual y de la falta de acciones interinstitucionales con enfoque intercultural, de género y de derechos de la niñez.
Por ello, exigimos:
Que las autoridades competentes investiguen de manera inmediata el caso de la niña que dio a luz en el Hospital de las Culturas, garantizando su protección integral, su acceso a la justicia y la no revictimización.
Que se aplique de forma efectiva la legislación que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones forzadas, sin excepciones culturales que vulneren los derechos humanos.
Que la Secretaría de la Mujer y las instancias responsables presenten y ejecuten políticas públicas claras, con presupuesto y mecanismos de evaluación, dirigidas a prevenir y erradicar los matrimonios infantiles en Chiapas.
Que se fortalezcan las acciones de prevención, educación sexual integral y acompañamiento comunitario, con participación de las propias niñas, adolescentes y mujeres de los pueblos originarios.
Las niñas no son esposas ni madres por elección. Son sujetas de derechos y el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizarlos. El silencio institucional y la omisión también son formas de violencia.
La Colectiva Feminista 50 más 1, a través de su Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, seguirá vigilante y alzando la voz hasta que ninguna niña más vea truncada su infancia por prácticas que la ley ya reconoce como inaceptables.
