• El INE deberá cumplir todas y cada una de las etapas de la consulta de revocación de mandato
F&S
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la razón jurídica a la Cámara de Diputados al impugnar el acuerdo aprobado el pasado viernes por el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que posponía de forma temporal varias fases de la consulta de revocación de mandato y ordenó al instituto a respetar en sus términos el ordenamiento contenido en el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se congratuló por la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de ordenar al INE a cumplir con todas y cada una de las fases de la consulta de revocación de mandato, tal y como lo ordena el artículo cuarto transitorio de la ley en la materia, que precisa: “el Instituto deberá de garantizar la realización de este ejercicio de revocación de mandato, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios”.
Este miércoles la SCJN notificó al diputado presidente sobre esta determinación, quien celebró que con esta decisión se confirme el estado de derecho que prevalece en el país, y haya ordenado la suspensión al acuerdo a que llegó el INE para posponer de manera temporal varias fases de la consulta del proceso de revocación de mandato, de sus efectos y consecuencias.
Asimismo, aseguró, con esta determinación se alienta la participación democrática de la ciudadanía, porque el organismo nacional autónomo deberá continuar con la organización del proceso de revocación de mandato y el desarrollo de la totalidad de las actividades de este ejercicio hasta su conclusión.
Con las acciones jurídicas emprendidas ante el máximo tribunal de la nación, el presidente de la Mesa Directiva cumplió a cabalidad con la defensa de los intereses de la Cámara de Diputados, con las facultades que le confiere la ley, y manifestó su satisfacción al quedar demostrado que en este país la ciudadanía e instituciones están obligados a cumplir con la ley.
