*FGE y los “chivos expiatorios”
Mary Jose Diaz Flores / F&S
Amanda Farfán Ruiz, Fiscal de Investigación de Delitos en Agravio de Niños y Adolescentes, dependiente de la FGE pasándose por el arco del triunfo la Cero Corrupción, no ha tenido empacho en prestarse a la fabricación de un expediente por extorsión en contra de una enfermera indígena tzeltal a quien responsabilizan de la segunda fuga de adolescentes del albergue del DIF ubicado en El Jobo.
La Fiscalía en lugar de efectuar una indagatoria clara y transparente en donde se involucre a Ana Isabel Granda González, titular del DIF estatal o a las directoras de los albergues donde ha habido fugas; y en este caso a la de El Jobo; Ana Martínez, para conocer de fondo los motivos por lo que las adolescentes protegidas abandonan estos hogares, se les hizo muy fácil, dar resultados rápidos y responsabilizar de manera injusta a Yenifer Citlally Gómez Hernández.
De acuerdo al expediente 117/2026 al que tuvimos acceso, Margarita Trujillo Castillo, Coordinadora Operativa de los Centros Asistenciales del DIF, interpuso la denuncia en contra de la joven enfermera de 22 años de edad, originaria de Simojovel de Allende, Chiapas, a quien en tres días le armaron un expediente, la detuvieron con mensajes falsos, sin mostrarle la orden de aprehensión, nunca le dijeron sus derechos, le arrebataron a golpes su teléfono y borraron toda la información sin su consentimiento.
Aunado a ello, le otorgaron una defensora de oficio que, a fin de irse de vacaciones de Semana Santa, pidió que se resolviera de inmediato la situación jurídica de la detenida y no dio la protección jurídica adecuada a la acusada, faltando a su profesionalismo y atizando la falta de humanidad y la violación a los derechos humanos de la indígena tzeltal.
La situación de Citlally es grave ya que si la jueza penal que lleva el caso, Martha Patricia Maldonado Utrilla, no hace un análisis serio y responsable para echar atrás esta aberración jurídica, podría alcanzar de 10 a 20 años de cárcel por un delito que no cometió.
Por lo pronto, permanece recluida en El Amate, con una medida de tres meses de prisión, dictada por la juzgadora, ante la mala defensa, aun con todas las inconsistencias legales en el entramado jurídico que se armó en su contra, pese a ni siquiera ser empleada del DIF, pues solo hacía su servicio social y le faltaban tres meses para concluirlo.
Cabe mencionar que dos de las menores se habían fugado de la Casa Hogar para Adolescentes del DIF ubicada en la colonia Los Laguitos el dos de marzo del 2026, de acuerdo a la ficha de búsqueda de la misma FGE, sin que hubiera responsables.
En reprimenda las canalizaron al albergue para Mujeres, ubicado en El Jobo, donde supuestamente dieron a la enfermera mil pesos para escapar, por lógica, ello significaría que también pagaron en la primera huida, pero extrañamente ahí no encontraron a nadie para convertirlo en “chivo expiatorio”.
En este sentido, surge la pregunta; ¿De dónde obtuvieron recursos si acababan de ser localizadas de su primer escape que fue el dos de marzo? La enfermera que solo hacia servicio social, llegaba solo dos veces por semana al Albergue de El Jobo, el contacto fue mínimo pues llegaron el cuatro o cinco de marzo y el ocho de marzo, según otra ficha de búsqueda se volvieron a fugar.
Las dudas que matan; ¿En qué momento generaron tanta confianza con la inculpada, que solo verificaba higiene personal y pediculosis, si siempre había más personas a la hora de realizar esas actividades?, aunado a que el domingo que se escaparon Yenifer Citlally no trabajaba.
Ojalá que colectivas defensoras de Derechos Humanos, retomen el caso de esta joven, al igual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos o bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues las instituciones no deben dar resultados inventando culpables.
En este caso evidente que hay una investigación sesgada y que, en lugar de hacer justicia con humanismo y practicar la Cero Corrupción, están cumpliendo con el dicho de que al “perro más flaco se le pegan las pulgas”, pues la enfermera es indígena, humilde, no es trabajadora de la institución y no es protegida de ningún político en el poder.
Además, no hay ninguna directora de los albergues del DIF bajo investigación, a pesar de que otras seis adolescentes escaparon de la colonia Calvarium el 28 de marzo, con lo que se comprueba que hay un problema de fondo en estos lugares y donde Ana Isabel Granda, debe poner mayor atención en lugar de ayudar a fabricar culpables.
Por cierto, la barda perimetral del albergue de El Jobo, es muy alta para que las adolescentes brincaran sin descalabrarse. Pese a ello, Trujillo Castillo, argumenta que saltaron y que ya los esperaba una camioneta al otro lado del albergue.
Lo raro es que las cámaras no servían, ahora bien, ahí no están presas y la funcionaria habla en sus acusaciones de que pagaron la extorsión para “obtener su libertad”.
Con Filo
Ojalá que el FGE Jorge Luis Llaven Abarca, cumpla con la advertencia hecha a los funcionarios de justicia y que impere la ley como lo dice en su discurso. Por cierto en el comunicado oficial de la FGE dice que a la enfermera la detuvieron por hechos suscitados en febrero, otra contradicción pues el caso fue en el mes de marzo.
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