Mary Jose Díaz Flores / F&S
El llamado del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a funcionarios para ser empáticos y más humanos, debería servir para que se mejore el sistema de investigación en asuntos que son denunciados como un abuso de poder, tales como el caso de la enfermera Yenifer Citlally Gómez Hernández, acusada injustamente de extorsión y de presuntamente haber ayudado a adolescentes a escapar de un albergue y quienes, por cierto, no han presentado ninguna denuncia.
La indígena oriunda de Simojovel de Allende, fue denunciada por extorsión, tras la fuga de tres menores; pero en el caso, no hay ningún funcionario, ni de primer, ni de segundo nivel y menos empleados, involucrados en las investigaciones, cuando son principalmente los directivos los que tienen la responsabilidad de responder jurídicamente por lo que pase en estas instituciones.
No es un secreto que de los albergues de la capital del estado las menores que están recluidas para protegerlas de la comisión de algún delito, han denunciado maltrato y abuso de poder de las directivas y en este mismo espacio lo hemos publicado, por lo que valdría la pena que la directora del DIF, Ana Granda, se dé tiempo para conocer de fondo las causas por las que deciden abandonar las estancias y no prestarse a una injusticia cuando sus políticas de atención son las que están fallando o al menos ya debió haber platicado con las chicas que se fugaron, si es que sabe dónde están.
Las fichas de búsqueda que se han emitido por parte de la Fiscalía General del Estado, son prueba fehaciente de que de manera constante se ha burlado la vigilancia de los albergues y las adolescentes se han escapado, sin que se investigue ni se encarcele a nadie de los trabajadores encargados de la vigilancia y cuidado de las adolescentes, excepto en este caso donde agarraron a un “chivo expiatorio”.
La denuncia presentada por Margarita Trujillo Castillo, Coordinadora de Centros Asistenciales del DIF, da hasta pena, pues evidencia dolo y mala fe, al decir que la enfermera indígena las ayudó a brincar una barda perimetral de cuatro metros, que además tiene una maya que la hace más alta y con lo que cualquier mortal puede darse cuenta de que es ingenuo que las adolescentes brincaron este obstáculo para darse a la fuga, sin al menos quebrarse un hueso o morir.
Por cierto, la misma funcionaria presentó todas las credenciales de la enfermera indígena al hacer su denuncia y en ella lleva varios diplomas que acreditan a Yenifer como una alumna destacada y una profesional de la enfermería, que hacía su servicio social, pero su denuncia no tiene sustento pues no presenta a ninguna de las albergadas como denunciante de la extorsión, que pretenden atribuirle a la enfermera, solo dice que alguien más le platicó que había pedido mil pesos a las que se fugaron.
Lamentablemente la víctima de acusaciones falsas no es recomendada de ningún funcionario en el poder, por eso los directivos decidieron culparla sin miramientos sabiendo que no tendría defensa, pero la pregunta sigue siendo por qué no hay detenidos de los otros albergues de los que también se fugaron. Y es que las adolescentes ya tenían antecedentes de haber burlado la vigilancia de otro centro en el que estaban resguardadas.
En ese sentido, familiares de Yenifer abogan al humanismo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al de su esposa Sofía Espinosa, a fin de no permitir que una persona inocente permanezca en prisión por un delito que no cometió, pues está claro que hay vicios en este procedimiento y que la causa de que las adolescentes se estén dando a la fuga tiene otras razones.
Con Filo
Será cierto que Verónica Campos Escobar, titular de la Fiscalía contra la Trata de Personas de la FGE, es prácticamente invisible, pues eso de atender a las víctimas no es lo suyo, cuando hay un caso específico lo canaliza con el personal mientras ella se dedica a ver obras de teatro, en horario laboral o bien a participar en pláticas de prevención, pero de sus obligaciones no sabe nada y del personal tampoco, ni siquiera los conoce.
En cuanto al subdirector José Alonso Hernández Vicente de esta área que hizo mal uso de un vehículo oficial para hacer compras en centros comerciales, pues ya tiene un expediente en Contraloría, aunque no le han dado ninguna sanción, es decir que no pasa nada, pueden seguir haciendo lo que quieran con las unidades oficiales, total que Vero, no está pendiente ni de las víctimas, menos de que su fiscalía opere bien.
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