^ La iniciativa plantea impedir que quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias accedan a cargos públicos, candidaturas y diversos trámites oficiales
Gabriela Coutiño / F&S
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 17 de julio.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, presentó ante el Congreso del Estado, una iniciativa de reforma integral que propone la creación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, además de una reestructuración administrativa del Poder Judicial y modificaciones a la Ley de Derechos del Estado para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y armonizar la legislación local con las reformas federales en materia de derechos humanos y transparencia.
La propuesta contempla reformas al Código Civil, al Código de Organización del Poder Judicial y a la Ley de Derechos del Estado, con el propósito de establecer mecanismos que incentiven el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y modernicen el funcionamiento de la institución.
El eje central de la iniciativa es la creación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, el cual será administrado por el Poder Judicial del Estado.
De aprobarse, en este padrón serán inscritas las personas que incumplan con el pago de pensiones alimenticias durante 60 días o más, ya sea de manera continua o intermitente.
El registro permitirá expedir constancias de inscripción y de no inscripción, documento que será requisito para realizar diversos trámites y acceder a determinados cargos públicos.
Entre ellos se encuentran la obtención de licencias y permisos, el registro como candidato a un cargo de elección popular, los nombramientos dentro del servicio público, la participación como aspirante a persona juzgadora y la realización de determinados actos notariales.
La iniciativa también establece que la inscripción podrá cancelarse una vez que el deudor acredite el pago total del adeudo alimentario o garantice legalmente su cumplimiento, además de prever mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades estatales y nacionales.
Como parte de la reforma, el Código de Organización del Poder Judicial será actualizado para adecuarlo a las recientes reformas constitucionales.
Entre las principales modificaciones destaca la creación de la Unidad de Simplificación Administrativa y de la Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales, así como la incorporación de nuevas facultades para expedir las constancias de no inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
Asimismo, se plantea una reorganización de las atribuciones del Consejo de la Judicatura, la Oficialía Mayor y diversas áreas administrativas, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión institucional.
La propuesta también modifica la Ley de Derechos del Estado para incorporar una tarifa por la expedición de la Constancia de No Inscripción como Persona Deudora Alimentaria Morosa.
En la exposición de motivos, el magistrado presidente sostiene que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye una forma de violencia económica que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que resulta necesario fortalecer los mecanismos legales para garantizar el interés superior de la niñez.
La iniciativa armoniza la legislación estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, las reformas constitucionales conocidas como la Ley 3 de 3 contra la violencia, así como con criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de los registros de deudores alimentarios.
De ser aprobada por el Congreso del Estado, la reforma fortalecerá las medidas para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias, al tiempo que modernizará la estructura administrativa del Poder Judicial y adecuará el marco jurídico de Chiapas a las disposiciones nacionales en materia de derechos humanos, transparencia y simplificación administrativa.
