^ Reynaldo Pérez Pérez contaba con medidas de protección federal; relatores especiales de la ONU habían advertido sobre amenazas de muerte y ataques armados en su contra.
Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 28 Oct.- Reynaldo Pérez Pérez, indígena tsotsil defensor de derechos humanos y representante de 63 familias desplazadas de la comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en Yabteclum, donde residía.
Pérez Pérez estaba incorporado desde 2023 al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En 2025, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habían expresado preocupación por los riesgos que enfrentaban él y José Vásquez Gutiérrez, quienes habrían sufrido diversos incidentes de seguridad desde octubre de 2022, entre ellos amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados.
De acuerdo con información, el defensor se encontraba en un taller mecánico de la comunidad de Yabteclum cuando, alrededor de las 16:00 horas, dos hombres que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y dispararon en su contra en al menos siete ocasiones.
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó el asesinato y anunció que se trasladaba a la comunidad. Elementos de las policías estatal y municipal acudieron al lugar, mientras se esperaba la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
Pérez Pérez encabezó durante varios años gestiones, mesas de diálogo y movilizaciones para exigir condiciones de seguridad que permitieran el retorno de las familias desplazadas de Santa Martha a sus hogares. Sin embargo, sus demandas no lograron concretarse.
El 24 de junio de 2022, un total de 63 familias tsotsiles fueron expulsadas de sus viviendas por grupos señalados como paramilitares, en medio de un conflicto que ha mantenido a decenas de personas fuera de su comunidad.
Meses después, en octubre de ese mismo año, otras 130 personas indígenas fueron desplazadas de la zona. Durante esos hechos, cinco indígenas tsotsiles fueron reportados como desaparecidos.
Como representante de las familias, Reynaldo Pérez Pérez solicitó en reiteradas ocasiones la intervención de las autoridades estatales para establecer un diálogo que atendiera las necesidades de las víctimas, entre ellas alimentación, alojamiento, medicamentos y condiciones para su retorno o reubicación segura.
Su asesinato ocurre mientras las familias desplazadas continúan reclamando justicia y una solución a su situación, en un contexto en el que el defensor había sido reconocido como una persona en riesgo y contaba con medidas federales de protección.
