Tuxtla Gutiérrez, Chis.— La prolongación del plantón instalado frente a las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene a la capital chiapaneca en una encrucijada de contrastes: por un lado, muestras de respaldo social hacia las familias víctimas de la violencia; por el otro, la creciente desesperación y molestia de miles de automovilistas, trabajadores y servicios de emergencia afectados por el estrangulamiento vial de la zona norte.
En un gesto de acompañamiento, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá acudieron durante la noche al campamento de las Madres en Resistencia para llevarles cena caliente y externarles su apoyo en la exigencia de justicia y avances concretos en las carpetas de investigación por feminicidios y desapariciones.
Sin embargo, lo que para unos representa un legítimo acto de empatía y resistencia ciudadana, para un amplio sector de la sociedad tuxtleca se ha convertido en un calvario cotidiano insostenible:
Colapso vial prolongado: El cierre total del Libramiento Norte a la altura de la FGE paraliza diariamente una de las arterias más transitadas y estratégicas de la ciudad, obligando a desvíos caóticos y pérdidas de horas productivas para comerciantes, empleados y estudiantes.
Peligro en zona hospitalaria: La obstrucción de esta vía clave complica el paso ágil de ambulancias y traslados de urgencia hacia los complejos médicos cercanos, elevando el riesgo para personas enfermas o lesionadas que requieren atención inmediata.
El reclamo a las autoridades: Ciudadanos afectados alzan la voz no en contra del derecho de las madres a exigir justicia, sino contra la evidente indolencia de las autoridades de la FGE, cuya incapacidad para atender y dar respuestas directas a las manifestantes mantiene secuestrada la movilidad de toda una ciudad.
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