· El propósito es generar condiciones de igualdad en el escenario público y en la vida política de México, por ello es de celebrarse su materialización y promoción: Presidente Oswaldo Chacón Rojas
F&S
El Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas (OPEPM), llevó a cabo la presentación del “Protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG)”, a cargo de la Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma Irene de la Cruz Magaña, en el que fungieron como instituciones anfitrionas el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), la Secretaría de Igualdad de Género y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
En su mensaje de bienvenida, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, consideró que la relevancia del protocolo estriba en que las reglas para prevenir la VPMRG son novedosas e implican un proceso para garantizar de manera más eficaz la protección de los derechos políticos de las mujeres. «El propósito es generar condiciones de igualdad en el escenario público y en la vida política de México, por ello es de celebrarse la materialización y la promoción de este Protocolo y de este espacio de aprendizaje, análisis y reflexión».
Al exponer de manera detallada los objetivos y alcances del Protocolo, la Consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, quien también preside la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, explicó que el Protocolo establece los ejes rectores de la atención de primer contacto y resaltó que tomando en cuenta el contexto histórico de las mujeres, y el ejercicio de los derechos políticos y electorales, se procura una intervención multidisciplinaria para la elaboración de un análisis de riesgo integral.
El Protocolo, aseguró, permite generar certeza en el actuar del INE para dar cumplimiento a la atribución de realizar análisis de riesgos y, de resultar necesario, ordenar medidas de protección y/o elaborar planes de seguridad que sean oportunos y proporcionales a lo requerido por las víctimas de VPMRG, y con ello contribuir en el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como a la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de esta modalidad de violencia.
De la Cruz Magaña indicó que una de las características fundamentales del Protocolo es que coloca en el centro a la víctima y todas las acciones se desarrollan no para ella, sino con ella, dándole a conocer sus derechos, alternativas de acción y ofreciéndole acompañamiento para que sus decisiones sean informadas. “Nada de lo que establece el Protocolo puede hacerse sin la autorización expresa de la víctima”.
Respecto a las estadísticas sobre VPMRG, la consejera electoral precisó que, del 14 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2021, se registraron un total de 170 quejas, denuncias y vistas; mientras que durante el 2022, se tiene un registro de 19, por lo que subrayó la importancia de que las mujeres conozcan sus derechos y los mecanismos que existen para protegerlos. Es importante, dijo, que todas las personas que laboran en el INE y los OPLES, conozcan el procedimiento para que brinden una oportuna y correcta atención a las mujeres que presenten quejas o denuncias.
En su intervención, la consejera electoral Sofía Martínez De Castro León, Presidenta del OPEPM y de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, quien fungió como moderadora, aseguró que el Protocolo es una herramienta que no se tenía y que hoy ayuda a visibilizar conductas que era más difícil detectar. “Conocer este Protocolo nos permite definir vías para la atención oportuna de las víctimas y su utilización nos llevará a lograr sinergias interinstitucionales para una atención más oportuna y expedita, que garantice no sólo la participación política sino la seguridad de las mujeres”.
Por su parte, el Magistrado Presidente del TEECH y Vocal Ejecutivo del OPEPM, Gilberto de Guzmán Bátiz García, destacó las buenas prácticas que se realizan en defensa de los derechos políticos de todas las personas, como el Protocolo, con un enfoque particular en favor de las mujeres, en su derecho al voto o a ser candidata, así como cuando asumen el compromiso adquirido en las urnas. “En la medida en que tengamos espacios con cabida para la igualdad y la representatividad, existirá una democracia inclusiva”.
