* Siembran armas y droga en el domicilio de Azael Arellanes para que, mediante el terror, se desistan de su lucha por recuperar sus derechos en la empresa SAJJ que tiene un valor de más de 150 millones de pesos
Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Como represalia por luchar por sus derechos y los de 51 de sus compañeros concesionarios de la Ruta 11 que no fueron incorporados como socios fundadores en la empresa Transportes SAJJ, en las primeras horas de hoy, mediante un burdo montaje, fue detenido Azael Arellanes Mijares por la Policía de Investigación (PDI), que le sembró armas y drogas en su domicilio en la Alcaldía Iztapalapa.
Arellanes es uno de los voceros del grupo de concesionarios que lucha contra el fraude donde está en juego la empresa SAJJ, con un valor superior a los 150 millones de pesos, lo que no es poca cosa, por lo que los concesionarios consideran que este es un acto de amedrentamiento probablemente por parte del actual administrador, para buscar que, mediante el miedo, se desistan de su lucha por recuperar sus derechos.
En este fraude a los concesionarios están inmiscuidos políticos y ex servidores públicos, como el actual alcalde de Iztacalco, Armando Quintero Martínez, quien consintió el proceso de concesión amañado y tiene una responsabilidad administrativa en el caso, y los siguientes secretarios de Transportes y Vialidad, hoy Movilidad, Rufino H. León Tovar, Héctor Serrano y Carlos Meneses, por omisión.
Mediante una rueda de prensa celebrada esta mañana frente a la Agencia 50 del Ministerio Público, mejor conocida como el Búnker, los concesionarios también fueron recibidos por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para explicar que la acción seguramente fue promovida por José Juan Sánchez Rodríguez, como ya lo ha realizado con otros concesionarios que buscan recuperar sus derechos, toda vez que hoy al parecer tienen todas las de ganar para ser parte de la empresa.
Modesta Castillo lamentó que la Policía de Investigación se prestara a realizar una acción de ese tipo como es la siembra de droga y un arma en la casa de Azael Arellanes, porque habla de que la corrupción continúa siendo parte del actual gobierno.
“Los concesionarios de la Ruta 11 sabemos de la calidad moral de nuestro compañero y de su familia y acusamos que esto es producto de un montaje que deseamos se investigue, porque ocurre precisamente cuando en la Secretaría de Movilidad se está dando trámite a un proceso mediante el cual buscamos recuperar nuestros derechos como socios fundadores de la empresa Transportes SAJJ, que su actual administrador, José Juan Sánchez Rodríguez pretende vender por un valor superior a los 150 millones de pesos”, expresaron.
Como ya ha sido denunciado por nosotros a través de los medios de información, hace 13 años participamos en un proceso de concesión para quienes integramos la Ruta 11, pero esto fue amañado por quien era nuestro dirigente, José Juan Sánchez Armas y el entonces secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero Martínez, actual alcalde de Iztacalco, expresó Erick Hernández Valois.
Armando Quintero Martínez, consintió el proceso de concesión irregular porque incumplió con las bases de la licitación al sólo incorporar la empresa con dos socios que ni eran concesionarios como tampoco chatarrizaron unidades, mientras que quienes lo hicieron y les fue entregado el bono de chatarrización para pagar las primeras unidades, quedaron fuera. Por esta acción, Quintero debe tener una responsabilidad administrativa.
Otros que tienen responsabilidad son los siguientes secretarios de Transportes y Vialidad, hoy Movilidad, Rufino H. León Tovar, Héctor Serrano y Carlos Meneses, porque consintieron el proceso.
“El pasado miércoles 28 fuimos a entregar los documentos que la Semovi que encabeza Andrés Lajous Loaeza nos exigió para iniciar el trámite con miras a enderezar este proceso irregular y se nos devuelvan todos nuestros derechos y, pareciera casualidad que precisamente esta madrugada fue generado este montaje a uno de nuestros compañeros voceros de este movimiento, agregó Modesta Castillo, otra de las voceras del movimiento.
“Este hecho, como ustedes ven —dijo Valois a los medios— no sólo tiene implicaciones económicas, sino también jurídicas y políticas porque están inmiscuidos políticos y funcionarios, por lo que estamos seguros que es el inicio de una etapa de terror en contra nuestra por parte algunos de los involucrados y el actual administrador de la empresa”.
Agregó que eso ya lo habían previsto, por lo que en su primera rueda de prensa en el Zócalo, el pasado 14 de junio, hicieron responsable a José Juan Sánchez Rodríguez en el caso de que algo ocurriera a alguno de los concesionarios y/o a nuestras familias, y ya ocurrió.
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