Mientras que en 2020, 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual y 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en la vivienda
F&S
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia contra las mujeres se encuentra definida como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. Estas acciones u omisiones constituyen una violación a los derechos humanos de las mujeres al no garantizar su libertad, desarrollo y seguridad.
La violencia contra las mujeres es un problema de alcance global. Por ello, hace más de dos décadas la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución que establece el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya finalidad es coordinar actividades para concientizar y dimensionar la magnitud del reto de una vida libre de violencia.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía se une a este objetivo presentando el panorama actual de las distintas formas de violencia que enfrentan las mexicanas, con base en programas permanentes de recolección de información estadística que buscan proporcionar información confiable y actualizada para el diseño y evaluación de acciones para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Este comunicado se concentra en los niveles de victimización y violencia en contra de las mujeres, en particular, la percepción de inseguridad y los delitos cometidos en su contra, empleando los resultados la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), y del segundo y tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021 (ENSU), así como el registro de delitos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021 (CNPJE).
Posteriormente, se presentan las tendencias de las defunciones con presunción de homicidio con base en las estadísticas de mortalidad de la Secretaría de Salud (SSA) y el INEGI.
