*Fundación de su hijo gran beneficiaria
Mary Jose Díaz Flores/F&S
El 8 de enero de 2025, el Congreso del Estado “nombró por unanimidad” a Horacio Culebro Borrayas, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, pero quien iba a pensar que antes del medio año, el merolico de las redes sociales, acallado con este cargo, se volvería el peor depredador y enemigo público que haya tenido tan noble organismo defensor de los derechos fundamentales de los chiapanecos, pues el saqueo y desvío de recursos están a la orden del día, por parte de este funcionario que pisotea este organismo a sus anchas.
Borrayas obtuvo el cargo sin el más mínimo conocimiento de los derechos humanos, por lo cual, llegó como un capataz a imponer la Ley de Herodes (región 4), convirtiendo al organismo en su feudo familiar para delinquir a toda costa, llevándose todo tipo de recursos a sus bolsas ávidamente como si se fuera a acabar el mundo.
De esta manera, pasó de ganar $110 mil pesos mensuales a $188,168.24 pesos, gracias a que desapareció la Dirección de Estudios y Proyectos (donde se analizaban la Recomendaciones), para sumarlo a su estratosférico sueldo que ha sido evidenciado en las redes sociales dada su ligereza para evidenciar todas sus fechorías.
No conforme con el salario inflado que se adjudicó y que no pasó bajo la supervisión y aprobación de ninguna entidad gubernamental, también se hace de otros recursos económicos abusivamente cobrando salarios de trabajadores en activo de la propia CEDH, como ocurre con el policía estatal Óscar Jiménez Gómez, quien fue comisionado como escolta de Horacio pero a su llegada fue nombrado “Secretario Privado” solo que no cobra un solo peso ya que el “defensor de los derechos humanos” se queda con los $19,066.46 pesos, en perjuicio del efectivo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, quien estaría incurriendo en un ilícito que debe ser observado por el Centro Estatal de Control y Confianza.
Pero, ¿quién audita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas?
Porque este “servidor público” no tiene llenadera, pues también les mocha de su sueldo a una larga lista de empleados que cada quincena protestan porque tienen que llevarle en efectivo una fuerte suma de dinero a Culebro. Por citar un ejemplo, a Emmanuel Núñez Gálvez, Asesor “B”, asignado a la Secretaría Ejecutiva, le da $9 mil pesos mensuales de una plaza de $31,886.31 pesos; a su Secretaria Particular y a su Secretario Técnico les quita $10,000.00 pesos mensuales a cada uno, según para gastos de sus alimentos que elaboran en sus oficinas y para incrementar el salario de Cristina Mercedes Ramírez Ramírez, quien tiene una plaza de Gestor Administrativo con $10,740.85 pesos mensuales pero no vive en Chiapas sino en la capital del país.
Esto que mencionamos representa un acto de corrupción, lo mismo que otra plaza que devenga Sofía Alejandra León Moscoso, quien vive en España, pero a su cuenta bancaria le depositan casi la misma cantidad de $10,370.75 pesos mensuales. En total, recibe por moches de plazas más de 80 mil pesos mensuales en efectivo.
Del mismo modo, este personaje colocó en la nómina a su empleada doméstica Blanca Elena Balbuena Gómez con un salario mensual de $10,370.75 y al hijo de este Gustavo Balbuena Balbuena, un nutriólogo que fue enquistado en Comunicación Social donde se encuentra como astronauta perdido en el espacio.
Además, como parte de su equipo, impuso a personas también sin capacidad y experiencia, precisamente para que operara a sus anchas en total ignorancia de las leyes, pero en busca de un tesoro en medio de las ruinas de la institución. Lo mismo le dio agarrar agentes de ventas que cantantes de bares y cantinas que probablemente conoció en sus francachelas o las redes sociales, donde exhibe todo tipo de debilidades y frustraciones.
Así que como Calígula, puso a “su hijo” Luis Enrique Culebro Aguilar como Contralor escondido detrás del magro presupuesto para “controlar” y llevarse los pocos pesos y centavos a la bolsa de la familia, vía empresas fantasma propias como Comercializadora Provemarca, SA de CV y la de sus amigos Daniel Díaz Álvarez, Daniel Díaz Guillén y Claudia Alejandra López Argüello, quienes presuntamente surten e inflan día tras día facturas de insumos que jamás llegan a la CEDH, pero que se pagan de inmediato a precios exorbitantes y que con la primera auditoría serían sujetos de alguna sanción pecuniaria o hasta de una sanción penal.
Eso no es todo, Culebro también puso a Ángel Rabanales Martínez como Oficial Mayor, para facilitar el descarado robo, siendo este el administrador de la Fundación Habitemos Chiapas, AC, que a su vez fue creada por su hijo Luis Enrique. Este sujeto factura las pastillas de 80 gramos de desodorante para baño en más de 600 pesos cada una, el papel de baño en 140 pesos un rollo y hasta lápices de más de 50 pesos, como si le vendieran al gobierno de Dubai.
Y como dijera el difunto Raúl Velasco, aún hay más… para poder incluir en la institución a sus sobrinas, armó expedientes administrativos en contra de empleados que llevaban más de 20 años laborando en la CEDH y no alcanzaron ni un peso como indemnización.
Con su advertencia de ser amigo cercano del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, dice gozar de impunidad, quizá por ello amagó al alcalde de Tuxtla Gutiérrez para sacarle varios climas minisplit para su casa so pena de emitirle varias recomendaciones; aun así, le dejó ir una. Lo mismo pasó con el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca a quien amenazó con sacarle varias recomendaciones si no le donaba 20 vehículo para la fundación de su hijo Luis Enrique. Y el fiscal cedió otorgándole tres unidades: una Nissan Kicks, una Volkswagen Golf y una Hyundai Elantra, todas de modelo reciente. ¡Como ven, todo un bandido!
El ombudsperson no tiene una estrategia de trabajo, ni un plan anual, ni siquiera un proyecto de desarrollo para la defensa de los derechos humanos de los chiapanecos; él sólo tiene una agenda para viajar en avión en primera clase en búsqueda de la foto con los amigos o embajadores que sólo se burlan de él porque no es un diplomático ni cuenta con el estatus para realizar acuerdos de ninguna índole a nombre del estado o del propio gobierno de Chiapas; sin embargo, sus viáticos le permiten darse el lujo de hospedarse en hoteles gran turismo, comer en ostentosos restaurantes y hacer turismo por semanas sin que nada ni nadie se lo impida, mientras tanto, en la CEDH los equipos de cómputo son de hace 16 años. A él sólo le interesa abusar del organismo y usarlo como si fuera su rancho, donde la misoginia es el pan de todos los días en contra de las mujeres que padecen de maltrato gracias a su corriente lenguaje, digno de un pandillero de barrio.
Lo expuesto aquí y en redes sociales deja y queda ya como evidencia suficiente para que la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Laura Romero Basurto, inicie de inmediato una investigación a fondo sobre todos estos actos de corrupción en una institución donde los recursos van a parar a las propiedades de Culebro Borrayas y a la Fundación Habitemos Chiapas, de su hijo Luis Enrique, pese a que ya se les obsequió también una Notaría y pelean el pago de seis millones de pesos por presunta reparación del daño causado cuando encarcelado tres veces acusado de difamación y calumnia; especialidades que lo han convertido en un Maestro de ambas materias pero jamás de defensor de los derechos humanos.
Por cierto, semanalmente facturan $100 mil pesos por compras inexistentes como queda desmontado con las facturas acá expuestas. Y todo llega a parar a manos del emperador de la CEDH.
Con Filo
La titular de la secretaria Anticorrupción, Ana Romero Basurto debe investigar a este funcionario y a otros que hay en el gabinete haciendo de las suyas, en lugar de estar firmando acuerdos para que no sean corruptos, pues la transparencia y honestidad deben ser una obligación.
Cel 9615793947
