Mary Jose Díaz Flores /F&S
Si bien es cierto el sistema judicial se percibe como uno de los más corruptos en México, pues los ciudadanos palpan una altísima impunidad de las autoridades y la aplicación de la ley a modo o por “instrucciones”, también es cierto que elegir a los juzgadores a través del voto popular, no terminará con la corrupción de este sistema que requiere sin embargo; una reforma profunda, pero que debe incluir a todas las corporaciones de justicia, pues en muchos casos son los Ministerios Públicos los que envían expedientes “flojitos”, para que los juzgadores, no tengan más, que liberar a los delincuentes.
La reforma que se plantea en la actualidad busca politizar los nombramientos de más de siete mil jueces en todo el país, pues serían electos por la ciudadanía, cuando siendo sinceros hay poblaciones que no conocen las funciones de un juzgador y si a eso le agregamos el hecho de postular a abogados que no conocen las funciones; sería catastrófico para el sistema de justicia pues asumirían cargos sin experiencia; y lo peor, su desconocimiento será costoso para los mexicanos.
Actualmente quienes ocupan estos cargos deben tener una carrera de formación y especialización pues los juzgadores son los garantes constitucionales, deciden sobre delitos federales como crimen organizado, conceden amparos, una figura que sirve para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder conocen de materia civil, penal o comercial; y la reforma que propone Morena plantea que con solo tener cinco años de experiencia como abogado, sin necesidad de una especialidad ya pueden ser jueces, lo cual a todas luces va en perjuicio de la sociedad.
El movimiento emprendido en el país por quienes forman uno de los tres poderes más importantes de la nación, debe ser apoyado por los ciudadanos, pues definitivamente los jueces no son políticos, son árbitros de la justicia que en muchos de los casos como le decíamos anteriormente reciben de las Fiscalías y de los Ministerios Públicos casos sin pruebas sólidas y en otros casos; se prestan a acciones del poder político, actos de corrupción que no se van a terminar con una elección popular, al contrario; estas se agudizarían, pues tendríamos jueces que le deban todo al partido en el poder, sometidos y controlados.
El Poder Judicial ha recibido golpes duros en este gobierno de la Cuarta Transformación, pues ya en el 2023 le eliminaron fondos de la Federación que estaban considerados como fondos laborales y de seguridad social por un valor de más de 15 mil millones de pesos, los cuales supuestamente se destinarían a programas sociales, lo anterior con el argumento de eliminar “privilegios” a magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empero a decir verdad estos fondos sirven para construir edificios nuevos, cubrir servicios médicos que no cubren los seguros o renovar edificios, pero se explota el tema de altos salarios de los juristas.
En fin la Corte ha refrendado con sus actuaciones ser el Máximo Tribunal Constitucional de México, y es la causa principal de las reformas que se pretenden en la 4T que aprovecha muy bien el tema de la impunidad en el país para ganarse los aplausos, aunque en realidad para mejorar la impartición de justicia se requieren otras medidas; una elección permitiría postular a cualquiera, contribuyendo a que; el abogado que tenga más recursos o apoyado por grupos de delincuencia organizada pueda pagarse una campaña para que sea muy popular y gane uno de los siete mil lugares, convirtiéndose en juzgador y los alcaldes coludidos con la delincuencia organizada, son una prueba de lo que pasa en los procesos de elección popular.
Con Filo
Con 22 votos de Morena y aliados, la Comisión de Puntos Constitucionales legisladores aprobaron en lo general eliminar siete órganos autónomos, incluido el INAI y los órganos estatales de transparencia, tales como la Cofece. IFT, Coneval, Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y órganos autónomos de los estados, es decir un permiso para robar descaradamente, pues en el caso de los órganos de transparencia ya no se podrá pedir información a ninguna institución pública.
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