Irma Ramírez Molina /F&S
Está por iniciar una polémica en torno a una serie de nuevos derechos (es decir, impuestos) que aprobó en diciembre pasado el Congreso del Estado bajo el concepto de Ley de Derechos que, de 2025 a 2026, tiene incrementos que se consideran de alto impacto para la ciudadanía en general.
La primera parte está sobre el Control Vehicular (Artículo 25) que propuso la Secretaría de Finanzas del Pueblo, donde se registran 7 modificaciones, la más importante de ellas, es la expedición de placas y calcomanías para automóviles, camiones, autobuses, remolques, así como para autos especiales para personas con discapacidad, que pasa de mil 260 pesos, a 2 mil 328 pesos, una diferencia de mil 068 pesos, un 84 % de incremento considerado ajuste tarifario por los costos de materiales y seguridad.
Lo mismo ocurre con la expedición de placas para motocicletas y vehículos similares con motor, que en 2025 costaba mil 103 pesos, a 2 mil 037 pesos en 2026, unos 934 pesos más, lo que representa un 84 % de incremento directo tan sólo a este concepto.
En materia del Registro Civil (Artículo 12), una idea que llegó del Consejero Jurídico , Guillermo Arreola, fue incrementar de 735 pesos a mil 785 la inscripción del registro de divorcio judicial, unos mil 050 pesos de incremento directo, y un 142 % de aumento de un ejercicio fiscal a otro.
La aclaración de actas paso de 55 pesos a 116 pesos, un aumento de 110 %; la certificación de la reposición de actas del estado civil por extravío, antes no se cobraba, ahora tendrá un costo de 200 pesos y, la inscripción del registro de defunción, que antes no existía, era gratuito o genérico, tendrá un costo de 130 pesos.
Esta Ley de Derechos da paso al Instituto Registral (antes Registro Público) y se estrena con conceptos que directamente van a afectar al mundo notarial, como la inscripción de Patente de Notario Público Titular, Adjunto, Sustituto y por cambio de adscripción, que paso de 735 pesos a ¡15 mil pesos!, como una revalorización del acto jurídico con un aumento directo ─brutal ─ de mil 940 % de incremento.
Luego, otro incremento de los más altos es el registro de sellos de autorización de los notarios públicos titulares, así como el registro de sus firmas y antefirmas, que tenía un accesible precio de 504 pesos y, tras dictaminarlo el Congreso, aumentó a ¡5 mil pesos!
Apenas se está conociendo y, supongo, que el análisis previo es el que importa, para saber bajo qué consideraciones, se tomaron estas decisiones que, aunque ya son ley, tampoco están escritas en la piedra de la eternidad.
BASE DE DATOS…-
Mucho tiene que explicar la diputada María Mandiola como presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, porque o bien está de acuerdo en el incremento de estos costos o simplemente no le avisaron que obviarían y prescindirían de ella y sería el pleno quién votaría a favor, por mayoría: ¿lo sabía?, entonces, ¿por qué se quedó callada?.*
Cierto, el Gobierno del Estado tenía la tentación de incrementar los precios desde hace mucho tiempo, no es una idea nueva que digamos, pero no había las condiciones para hacerlo.*
Y a la clase empresarial lo que más le está haciendo “ruido” no es precisamente los “vacíos” que el mundo notarial tenía “a ojos vista” y que hoy se los ocupan con incrementos, sino más bien, ese punto porcentual, de 2 a 3 %, que incrementará el Impuesto Sobre Nómina (ISN) anunciado por el secretario de Finanzas, Manolo Pariente en la comparecencia y que le cayó al sector productivo, como balde de agua fría.*
Estamos a horas de conocer a los tres nuevos partidos políticos locales que cruzaron el océano de asambleas distritales y municipales para poder acceder al privilegiado mundo de las prerrogativas públicas: ahí, deben aumentarse los “derechos”, porque ese dinero público es de los peores vistos por la ciudadanía como derroche y pérdida.*
