Patricia Espinosa
Chiapas ocupa el quinto lugar en el país con más casos de violencia política en razón de género, cerca de Oaxaca y entidades del sureste.
No por algo la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Magdalena Vila Domínguez, habló claro y preciso en el Poder legislativo para pedir a las y los legisladores se reforme la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y con ello tener facultades para sancionar a servidores públicos que cometan violencia política.
En Chiapas las personas que sufren más violencia política en razón de género son las regidoras de representación proporcional, principalmente por pertenecer a un partido político distinto al que ganó una elección.
Ese quinto lugar del país, está en el padrón de personas sancionadas por violencia política en razón de género, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional Electoral (INE).
A la fecha hay registradas más de 80 personas en el padrón nacional de violentadores, con sanciones que van desde un día hasta cinco años, dependiendo de la gravedad de las conductas. En casos de reincidencia, las sanciones pueden extenderse hasta seis años.
Las principales víctimas son regidoras de representación proporcional, enfrentan obstáculos como la negación del pago de salario, exclusión de sesiones de Cabildo, falta de acceso a información y ausencia de condiciones mínimas para desempeñar sus funciones, ¿qué necesidad de pasar por estos capítulos? a estas alturas cuando los candidatos son preparados, reciben cursos, capacitaciones y pláticas de toda índole, pero eso no basta. Por eso, sí urge que la ley permita que sean sancionados.
Entre otros patrones de violencia -por parte de alcaldes principalmente- está el retiro arbitrario de la firma y representación legal a las síndicas y regidoras. De ahí la importancia que organismos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que hoy encabeza Magdalena Vila, realice acompañamiento a mujeres candidatas que enfrentan violencia política en razón de género.
CDMX padece lo que Chiapas hace décadas
Ya son 13 días de movilizaciones de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de bloqueos, marchas, toma de edificios, en el corazón del país, en la Ciudad de México y no hay cese a las acciones.
Chiapas acostumbrado está, al menos desde hace tres décadas, a estas intensas movilizaciones cada mes de mayo donde el magisterio realiza su pliego petitorio a los gobiernos federal y estatal. En esta ocasión, en Chiapas hubo respuesta y propuestas a sus demandas del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quedan las federales, por eso hoy siguen miles de maestros en la CDMX causando caos en los capitalinos.
Fueron casi cuatro horas que 40 integrantes de 28 contingentes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, se sentaron a la mesa con autoridades del gobierno federal encabezado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y Mario Delgado secretario de Educación Pública; no llegaron a acuerdos. Las movilizaciones continuarán.
La demanda central es abrogación a la Ley del ISSSTE y una jubilación digna para las y los trabajadores para los 3.5 millones de trabajadores.
La propuesta de la autoridad es que los trabajadores que se encuentran en el décimo transitorio congelar la edad, 56 años para mujeres, 58 para hombres, con un agregado, que cada tres años se estaría reduciendo un año de edad, para que se pueda jubilar en el 2028 con 57 años, y 55 años respectivamente y abarcaría hasta el año 2038. La CNTE lo rechazó, solo son paliativos.
Isael González Vázquez, secretario de la Sección VII del CNTE en Chiapas y que forma parte de la Comisión Nacional denunció que ya comenzó la represión, al ser ya fiscalizados los maestros en las distintas escuelas.
Lo que es cierto es que aclararon que no habrá “boicot” en la elección del domingo 1 de junio del Poder Judicial de la Federación y esperan que en las siguientes reuniones esté presente la presidenta Claudia Sheinbaum.
¡Es cuanto!
