Susana Solís Esquinca / F&S
La reciente detención de Ataulfo López Flores, presunto líder criminal en la región de La Frailesca, Chiapas, marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en el estado. Su captura no es un hecho aislado, sino el resultado de años de violencia, impunidad y corrupción enquistada en las estructuras sociales y políticas de la región.
Ganadero de profesión y señalado por sus vínculos con el crimen desde hace tiempo, Ataulfo se convirtió en una figura de poder temida en municipios como La Concordia, Frontera Comalapa y Chicomuselo.
Su influencia no se limitaba al ámbito delictivo; también intentó posicionar a su hija, Lucero López Maza, como presidenta municipal de La Concordia en 2024, una jugada que terminó trágicamente con su asesinato, en un acto que expone crudamente la crueldad de las disputas entre cárteles y clanes locales.
Lo ocurrido el 31 de marzo de 2024, cuando fue atacado en su rancho por un grupo rival, es una muestra clara del nivel de violencia con el que se dirimen los conflictos de poder en la región. El incendio de su finca, la ejecución de sus pistoleros y los ataques armados fueron escenas de una guerra no declarada que dejó un saldo de miedo y muerte en las comunidades chiapanecas.
La captura de Ataulfo, junto con dos de sus escoltas, representa una victoria significativa para las fuerzas de seguridad. Sin embargo, también revela la magnitud del problema: drogas, armas, cobro de piso y redes de extorsión son prácticas comunes que han socavado la vida cotidiana en muchas zonas del estado.
Pero ¿realmente su detención significa el fin del terror en la región? Es pronto para afirmarlo. La historia reciente en Chiapas nos enseña que, tras la caída de un líder, otros están listos para ocupar su lugar.
El verdadero desafío está en desarticular las estructuras económicas, sociales y políticas que permiten que estos grupos prosperen. No basta con capturar a los cabecillas si no se erradican las condiciones de impunidad que los protegen.
Además, no se puede ignorar la posible complicidad de actores políticos y empresariales que, directa o indirectamente, han permitido que personajes como Ataulfo operen durante tanto tiempo. La línea entre el poder legítimo y el poder criminal se desdibujó peligrosamente en regiones donde el Estado había estado ausente o subordinado.
La ciudadanía, por su parte, merece un respiro. Chiapas, tierra de historia, cultura y resistencia, no puede seguir siendo rehén del crimen. Las autoridades tienen ahora la obligación de consolidar esta acción con estrategias de seguridad sostenibles, justicia efectiva y una inversión social que reconstruya el tejido comunitario.
La caída de Ataulfo López Flores debe ser más que una noticia de impacto: debe marcar el principio del fin de una era de miedo y la apertura de una nueva etapa de esperanza para La Frailesca.
Resarciendo el bienestar
La delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas, Manuela López Obrador, anda muy activa recorriendo varios municipios de Chiapas para encabezar la entrega de las tarjetas rezagadas a los adultos mayores, que sin ninguna explicación, el anterior titular se hizo “ojo de hormiga” y las dejó “guardadas”.
Son más de 17 mil tarjetas las que no llegaron a manos de las y los abuelitos en un período de dos años, sin que el ahora director general de Desarrollo General de Bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos, haya rendido cuentas sobre este “descuido”, aunque eso sí, a cada rato se hace el aparecido en los eventos de Manuelita, desconociendo que es un personaje incómodo que más le valdría mantenerse bajo resguardo por las investigaciones de su gestión que están en curso.
Por lo pronto, Manuelita López Obrador, sin alardes ni pretensiones, la reciben donde vaya con calidez y entusiasmo.
That’s All.
