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El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) afirmó que las advertencias de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a los cambios planteados por el denominado “Plan B”, como es el traslado de los módulos de atención ciudadana a oficinas gubernamentales, es porque “desconocen” las condiciones de la infraestructura del país y se oponen a ahorrar.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, dijo que las críticas hechas por los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a las reformas secundarias en materia electoral, impulsadas por el Ejecutivo Federal, provienen de falta de imaginación para ahorrar, ya que hacen énfasis el aspecto económico.
Por tal motivo, sostuvo que instalar los módulos de atención ciudadana del INE en escuelas, universidades y palacios municipales generaría un ahorro de 700 millones de pesos anuales, que actualmente se paga por la renta de inmuebles.
Recalcó que la invitación es, sobre todo, a que coloquen los módulos del INE en unidades administrativas que no estén bajo control de una fuerza política en exclusiva.
Asimismo, acusó a los consejeros electorales de “desconocimiento de la infraestructura del país”, pues las universidades y hospitales también cuentan con un sistema de telecomunicaciones sólido. Tampoco se descartó que se puedan utilizar las instalaciones de San Lázaro o las terminales aeroportuarias.
García Almaguer esperaba que también en las terminales aeroportuarias hay condiciones, ya que cuentan con espacios que son administrados por el Estado mexicano.
“Lo que tenemos es que mucha gente no está actualizando su credencial para votar. Dónde tendrán que estar los módulos, en las fronteras: en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Reynosa. Tú ves que en Baja California hay índices de participación de 33, 35, 40 por ciento. ¿Por qué es eso?, no es porque los bajacalifornianos no votaron, es porque millones de mexicanos no han actualizado sus datos de las credenciales de elector”, aclaró.
Por otro lado, García Almaguer aseguró que la serie de impugnaciones legales en torno a este “plan B” de la Reforma Electoral, presentadas por la oposición, llevará a que se confirme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este proyecto
