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Mary Jose Díaz Flores /F&S
El desplazamiento masivo de miles de habitantes del municipio de Tila, ha provocado que este lugar se encuentre prácticamente abandonado, sin embargo el conflicto en este poblado, ubicado al norte de Chiapas, lejos de estar relacionado con el crimen organizado, es un conflicto ejidal, que presuntamente estaría alentado por la iglesia católica, pues los indígenas “Autónomos” pelean 130 hectáreas ubicadas exactamente donde se construyó la zona urbana.
Sin embargo; autoridades federales, estatales y municipales en más de 90 años, no han encontrado una solución al tema agrario; aunado a que entran intereses de autoridades municipales, de la iglesia católica, de funcionarios de gobierno como Jorge Cruz Pineda, Subsecretario de Gobierno, vinculado a muchos conflictos de la zona indígena, pero protegido por el poder y el delegado de gobierno de Yajalón, Alejandro Jiménez Jarquín.
Además de los intereses del presidente municipal; Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, que pertenece a una familia que ha gobernado 21 años el municipio y es apoyado por el sacerdote de la iglesia católica; Heriberto Cruz Vera, también conocido por su participación en conflictos sociales y políticos, quienes presuntamente apoyan la violencia de los ejidatarios al considerar que son los dueños del territorio urbanizado.
Cruz Vera, había sido retirado de ese municipio en el 2020, precisamente por encabezar problemas entre los ejidatarios, pero a su regreso a la zona, volvió a las andadas apoyando el conflicto agrario que data desde hace 90 años por un decreto presidencial, donde se repartieron tierras pero sin certificados de derechos agrarios y quienes han heredado las hectáreas son los autodenominados “Fuerzas Armadas de Tila o “Autónomos”, como se hacen llamar y son la cuarta o quinta generación de los beneficiarios originales de 1934 que ya murieron.
Lamentablemente en esos predios ejidales que en su momento se vendieron sin ningún documento oficial, se construyó la zona urbana; iglesias, escuelas, negocios y casas de particulares; mismos que ahora son peleados por los herederos que aunque no tienen ningún papel, se sienten dueños de la zona urbana.
Por este conflicto en 2013, la ministra y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó un proyecto para devolver las 130 hectáreas que componen la cabecera municipal al ejido, es decir que se revocaran escrituras y títulos de propiedad a personas que habitaban esa zona urbanizada, pero en ese mismo 2013 la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, consideró que serían más las personas afectadas que las beneficiadas porque al restituir la propiedad de esas tierras al ejido, se dejaría en la incertidumbre jurídica a 10,000 personas, por lo que el proyecto se desechó en 2015.
Desde entonces se realizaron actos violentos, incendiando la Presidencia municipal y la estación de policía, engendrándose el grupo de “Autónomos”, que son los que pelean las 130 hectáreas ejidales, que fue donde lamentablemente se edificó el municipio de Tila. El grupo de inconformes es conformado por al menos mil indígenas choles, responsables de los incendios a casas, negocios, carros y secuestros, además de los muertos que ha dejado la estela de violencia en la zona por la falta de aplicación del estado de derecho.
Las FAT inventaron al grupo “Karma”, para hacer parecer un pleito de carteles, como una estrategia para desviar la atención, aunque autoridades federales y estatales, tienen conocimiento de esta situación, pues los pobladores han suplicado atención a través de documentos a todas las instituciones e incluso hay un oficio dirigido en el 2023 al titular del Cuartel General de la VII Región Militar, el General José Joaquín Jiménez Cueto, donde demandan la permanencia definitiva de las fuerzas de seguridad dentro y fuera de Tila, por la situación de violencia que les asechaba, pero la petición fue ignorada.
Actualmente se habla de condiciones para el retorno masivo de personas, pero la gente que se encuentra en refugios temporales se niega a regresar, porque tienen miedo de que nuevamente “no se aplique la ley”. Ahora bien se han manifestado ya frente a la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, para que sus gritos de auxilio sean escuchados, pues están cansados de las amenazas y los crímenes sin justicia cometidos por grupos paramilitares.
En fin aplicar el estado de derecho en Tila, es fundamental para que las familias, puedan regresar a sus hogares.
Con Filo
Tienen razón nuestros lectores y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el cambió debió haber sido de la titular, Gabriela Zepeda Soto, que resultó incompetente en el cargo y dicen que no tiene voz de mando…/// Otra pregunta contundente que nos han hecho, es por qué después de seis meses se sustituye a Francisco Orantes, que dicen renunció al cargo, no lo renunciaron y la verdad llama la atención el hecho de que tardaron tanto para encontrar su reemplazo, aunque con todo y cambió solo les queda hasta el ocho de diciembre en el cargo, porque en política como en muchas otras cosas todo tiene caducidad y nadie es imprescindible…///Una recomendación para Ricardo Aguilar Gordillo, Malena Torres Abarca y Juan Carlos Gómez Aranda, déjense de estar promocionando para que el gobernador electo; Eduardo Ramírez Aguilar, les dé un cargo, si están en la lista ya les llamaran, pero eso de hasta contratar personal y alabadores personales, no lo hagan pues del plato a la boca se cae la sopa, acuérdense que ya dijo el “Jaguar” que van a haber muchos decepcionados.
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