*Abusos en cateos de pakales
Mary Jose Díaz Flores/F&S
La JUCOPO, incurriría en una inconstitucionalidad al asumir la tarea de insaculación para decidir en qué municipios participarán mujeres rumbo a las elecciones del 2027, pues invade la esfera de competencia de los órganos electorales, de tal forma que la reforma electoral, aprobada recientemente se vuelve impugnable ya que las fuerzas parlamentarias representadas en el Legislativo pertenecen a partidos con interés directo en candidaturas, reelecciones, coaliciones y competitividad municipal.
De tal manera que, aunque la insaculación se presente como azarosa, la determinación previa de los universos, bloques, datos, exclusiones y reglas puede incidir en el resultado y la imparcialidad exige que la conducción corresponda a una autoridad ajena a esos intereses. Por lo que es el IEPC el que debe asumir estas tareas decisivas para los municipios a fin de tener credibilidad y certeza en el procedimiento.
La Barra Mexicanas, Colegio de Abogados capítulo Chiapas que encabeza, Linda Alicia Carboney Nájera, afirma que el mecanismo aprobado por los legisladores puede estar sujeto a inconformidades constitucionales, dado que en materia de organización electoral en el artículo 41, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, claramente que la organización de las elecciones es una función estatal realizada por el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales.
Asimismo en sus consideraciones, destacan que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), ordena que la función electoral se rija por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las autoridades encargadas de organizar las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, lo cual no se observa al dejar en manos del Congreso local, la decisión de elegir dónde, serán candidatas mujeres, dado que el Legislativo está integrado en su mayoría por el partido en el poder Morena.
La decisión de que sea la JUCOPO provoca que el IEPC no tenga autonomía electoral al recibir un resultado consumado por un órgano político y quedar reducido a publicarlo o ejecutarlo. El IEPC debe conservar capacidad real para aprobar la metodología, verificar los datos, conducir el procedimiento y asumir la responsabilidad jurídica de su determinación.
El amplio análisis describe la incompetencia material de la Junta de Coordinación Política que es un órgano de dirección, concertación y representación de las fuerzas parlamentarias, pero su pluralidad política no la convierte en autoridad electoral ni le confiere especialización técnica, oficialía electoral o facultad para emitir actos preparatorios vinculantes sobre candidaturas municipales.
De tal forma que se percibe una violación a la certeza y a la seguridad jurídica. Si la ley no predetermina con precisión la fuente y fecha de corte de la lista nominal, los municipios excluidos, el tratamiento de números impares, la integración de bloques, el número de extracciones, las reglas ante errores, las sustituciones, la reelección y la publicidad del acto, abren un margen de discrecionalidad incompatible con la certeza electoral.
En fin, esperamos que los legisladores puedan corregir el rumbo de esta iniciativa que ha sido aplaudida por colectivos, organizaciones y feministas que han luchado por espacios de poder político real.
Con Filo
El titular de la Secretaría de Seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, debe poner más atención a los elementos que participan en los cateos, pues se registran abusos de poder durante los operativos de los Pakales, que cargan hasta con las sillas de ruedas de personas enfermas que nada tienen que ver con la captura de narcomenudistas y ojo para el Fiscal General del Estado, Jorge Llaven Abarca, pues el que está haciendo de las suyas es el Fiscal de Distrito de la zona Costa, Juan Daniel Cerrillo Huerta, junto con su esposa que presuntamente también es funcionaria de la FGE o al menos así se presenta para exigir grandes cuotas a los detenidos o en los inmuebles que son asegurados.
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