La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 330 a favor, 129 en contra y cero abstenciones, el dictamen que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, a fin de avanzar hacia una administración pública más eficiente, transparente, moderna e incluyente, mediante la transformación de la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
El documento, que deriva de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, expone que la Ley es reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política, en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas en los tres órdenes de gobierno; sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
Menciona que el ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas responsabilidades de las personas servidoras públicas, al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, actos, procedimientos o resoluciones de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, salvo en lo relativo a las obligaciones de simplificación, digitalización y registro de trámites y servicios en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, que serán de observancia obligatoria para todas.
Además, serán objeto de la Ley habilitar modelos nacionales para Eliminar Trámites Burocráticos, para la Digitalización y de Homologación de Trámites y Servicios, y de Atención Ciudadana, así como Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas.
También, habilitar el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, establecer la Llave MX como el mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales; establecer el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, las herramientas, instrumentos y acciones para promover las buenas prácticas regulatorias, y determinar las obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la autoridad nacional de simplificación y digitalización, y es la responsable a nivel nacional y en el ámbito federal, de implementar, supervisar y vigilar la aplicación de la Ley.
El Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos será el conjunto de herramientas y acciones de observancia obligatoria para los sujetos obligados que tiene como objetivo eliminar costos burocráticos para facilitar el acceso y obtención de trámites y servicios, conforme a lo siguiente: no solicitar documentos que los mismos sujetos obligados expidan, la mayor carga regulatoria la deben asumir los sujetos obligados, y priorizar la simplificación de los trámites con mayor volumen de uso o de aquellos dirigidos a los grupos de atención prioritaria.
Asimismo, no solicitar copias simples para la gestión de trámites o servicios, porque los documentos digitales tienen la misma validez que los físicos; disminuir costos de oportunidad, fusionar trámites que guarden relación entre ellos y crear flujos simultáneos, eliminar requisitos innecesarios, reducir los plazos de respuesta de los trámites o servicios, sustituir permisos por avisos, cuando proceda, además de digitalizar únicamente aquellos trámites que hayan sido previamente simplificados, homologar la vigencia de las resoluciones de trámites y servicios, y habilitar ventanillas digitales.
Serían herramientas para eliminar trámites burocráticos la Agenda de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios, la Agenda Regulatoria, el Análisis de Impacto Regulatorio, el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, el Registro Nacional de Regulaciones, y las demás que determine la autoridad nacional.
Menciona que la iniciativa presidencial tiene el propósito de transformar la manera en que el Estado interactúa con las personas, por lo que se prevé la implementación de modelos nacionales que permitan la homologación y estandarización de trámites y servicios en los tres órdenes de gobierno, y la soberanía tecnológica como componente estratégico de la transformación digital del país.
Lo anterior, mediante el desarrollo y consolidación de capacidades tecnológicas públicas que permitan contar con soluciones digitales propias y capacidades técnicas e institucionales que puedan ser compartidas y replicadas en los distintos órdenes de gobierno.
Hace notar que, en México, existen en promedio 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, lo que sugiere que a nivel nacional existen más de 350 mil trámites, un problema que afecta directamente a la población. Una persona, en su vida, en promedio realiza 486 trámites, de los cuales el 85 por ciento se hacen ante gobiernos locales, es decir con entidades federativas y municipios.
Uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos de los tres órdenes –puntualiza– es acabar con los trámites complejos, largos y costosos, con requisitos redundantes o innecesarios que impactan negativamente en la vida de las personas, dificultan el acceso a derechos, a servicios públicos, a beneficios sociales, generan incertidumbre jurídica y espacios de discrecionalidad y corrupción.
En el régimen transitorio la nueva legislación abroga la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, y todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Especifica que a los treinta días hábiles de la entrada en vigor del presente decreto se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Además, en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular del Ejecutivo Federal deberá expedir las adecuaciones correspondientes al Reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En un plazo no mayor a treinta días hábiles contado a partir de la entrada en vigor del decreto, se asignarán los recursos financieros y materiales con que cuenta la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a la unidad administrativa que se determine en el Reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Artículos reservados para lo particular
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que para la discusión en lo particular se presentaron propuestas de modificación a los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 43, 47, 49, 50, 51, 57, 60, 62, 63, 66, 69, 78, 85, 90, 91, 93, 95, 100, 110 y 113 del proyecto de decreto.
Además, a los artículos transitorios Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo Tercero, Décimo Quinto y Décimo Séptimo,
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