La Comisión de Infraestructura, que preside el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), aprobó por 16 votos a favor y nueve en contra, su opinión en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política, promovida por el Ejecutivo Federal, en materia de transporte ferroviario de pasajeros.
El documento señala que el Estado mexicano es el responsable de garantizar la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Se demostró con evidencia que la privatización de los ferrocarriles de 1995 no mejoró la infraestructura ni el servicio, y generó deficiencias y falta de competencia efectiva.
Por ello, se considera pertinente priorizar el transporte de pasajeros sin discriminar al de carga, diversificar y fortalecer la movilidad en regiones con pocas alternativas de transporte. Asimismo, atender las preocupaciones expresadas en el Parlamento Abierto en el sentido de elaborar estudios detallados caso por caso, para garantizar la viabilidad y seguridad del servicio de pasajeros en las rutas ferroviarias específicas.
Al explicar los beneficios de la iniciativa, Sandoval Flores dijo que se garantizará el derecho a la movilidad a través del servicio ferroviario con un menor impacto ambiental que el transporte aéreo o carretero, así como el impulso de la actividad económica, la conectividad y la reducción de los tiempos de trayecto.
“Ayudará a descongestionar carreteras y vías internas, incentivará la creación de infraestructura que reactive la economía en zonas geográficas”, afirmó.
El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN) afirmó que en los últimos años se han invertido 280 mil millones de pesos para adecuar y fortalecer al transporte ferroviario, pero esto no lo ha hecho el gobierno, por lo que actualmente el 26 por ciento de la carga nacional se realiza por vía férrea y da empleo a 15 mil trabajadores de forma directa.
“La iniciativa del Ejecutivo tiene muchos problemas. El querer dar preferencia al transporte de pasajeros en la Constitución va en contrasentido de lo que viene sucediendo, porque en ningún país del mundo es negocio, excepto donde hay un gran movimiento de personas”, aseguró.
El diputado Miguel Ángel Piña Aguilar (PT) se dijo a favor de la opinión, debido a que la reforma pretende mejorar la calidad de vida de miles de mexicanas y mexicanos, así como recuperar los 18 mil kilómetros de vías férreas privatizadas. “Con esta modificación el Estado mexicano retoma el derecho de emplear las vías férreas de la nación y otorgar concesiones o asignaciones para el transporte público de pasajeros”.
El diputado Exequiel Suárez Heredia Cristian (PAN) mostró su desacuerdo al señalar que el proyecto viola el Estado de derecho y representa incertidumbre jurídica para los concesionarios, toda vez que éstos realizaron inversiones para la construcción, operación y explotación de las vías ferroviarias.
“¿Cómo garantizará el Estado la certeza de tiempo que le queda a la concesión si ya quedó establecido que se priorizará al de pasajeros? Es una reforma constitucional innecesaria, imprecisa y que provoca lagunas jurídicas”, sostuvo.
De Morena, la diputada Alejandra Pani Barragán se expresó a favor de la iniciativa, porque los ferrocarriles tienen un papel fundamental en el progreso socioeconómico; además, los concesionarios de transporte ferroviario de pasajeros no han invertido desde su privatización.
“Lo que se pretende es que el Estado mexicano retome el derecho a utilizar las vías férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros. El desarrollo del país está relacionado con la movilidad de mercancías y personas, por lo que esto impulsará el crecimiento económico de las comunidades por donde transite el ferrocarril”, dijo.
Del PRI, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik expresó que es necesaria una mayor movilidad, pero a pesar del cambio que se busca con la propuesta, no se aborda la profundidad técnica ni estratégica necesaria para que se pueda lograr.
“Hemos detectado que esta iniciativa demuestra una falta de planeación detallada y anticipada, como generalmente son las propuestas del Ejecutivo. Se quiere llevar modificaciones que ya están contempladas en el marco actual”, anotó.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) aseguró que es una falacia decir que las vías férreas fueron diseñadas para el transporte de carga, pues fueron hechas para personas y mercancías y así fue durante la mayor parte del siglo XX hasta que una administración decidió privatizarlas.
“El haber dejado en el abandono este transporte fue muchas veces por intereses de los grupos de poder y no por prioridades del desarrollo nacional”, precisó.
También de Morena, el diputado Víctor Manuel Ramírez Jiménez se pronunció en pro de la iniciativa porque ayudará al país a salir adelante y generará empleos. “No nos podemos quedar atrás como país, apoyemos, no va a perjudicar a la nación, al contrario, viene a beneficiarla”.
El diputado Gustavo Macías Zambrano (PAN) puntualizó que se incurre en ilegalidades, pues el sistema de trenes de pasajeros es una buena medida que puede implementarse sin necesidad de que se modifique la Constitución, como se hizo con el Tren Maya.
“Debemos observar algunas de las inconsistencias legales en las que se incurren. El hecho de disponer de las vías se atentaría a la figura de concesión que se establece en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario”, comentó.
La diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) propuso hacer visitas a los sitios donde este tipo de estrategia de transporte ha dado buenos resultados, ya que el tema de la movilidad humana y del comercio deben ir de la mano y ser asuntos de carácter estratégico donde el Estado tengan el papel preponderante.
“Debemos revisar cómo empresarios mexicanos arroparon la construcción del Tren Maya. Muchos de estos diseños fueron hechos por empresas mexicanas”, estimó.
