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La diputada Susana Cano González (Morena) propuso reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de prohibir que los proveedores de bienes, productos o servicios, cobren una comisión, monto, cargo adicional o equivalente, a los consumidores cuando estos utilicen como medio de pago tarjeta de débito o crédito, y no dinero en efectivo.
La iniciativa, que adiciona el artículo 15 Bis y reforma el 126 de la citada Ley, señala que “esa práctica abusiva en perjuicio de la economía de los consumidores se sancionará por la Procuraduría” con multa de 311.73 pesos a 997 mil 568.98 pesos.
El documento, turnado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, explica que esta propuesta de reforma busca proteger los derechos de los consumidores “y tener piso parejo para todas y todos los que queramos pagar con dinero en efectivo o a través de tarjetas de débito o crédito”.
Refiere que muchos negocios que ofrecen productos o servicios cuentan con terminales de pago que son brindadas por entidades financieras las cuales, a través de un contrato, les cobran una renta mensual.
Agrega que muchos de los negocios han establecido una “política abusiva contra los consumidores”, ya que cuando estos realizan el pago con tarjeta de débito o crédito el establecimiento les cobra una “comisión, monto o cargo adicional” por aceptar este medio de pago, con porcentajes que van de 3 a 6 por ciento sobre el monto total por pagar.
Menciona que actualmente no hay una norma legal específica que sancione cuando los empresarios realicen un cobro adicional al monto pactado por los productos o servicios, por el hecho de pagar con tarjetas de débito o crédito.
“Este vacío en nuestra legislación abre la puerta para que esta práctica, que es contraria a los derechos de los consumidores, pueda irse “normalizando” al grado de que se convierta en una costumbre aceptada tanto por los proveedores de servicios como por los consumidores”, advierte.
Considera que esta reforma será una gran aliada para incentivar el consumo dentro de nuestra población, “brindándoles herramientas que les den seguridad jurídica y que los protejan ante las prácticas abusivas de los empresarios en sus establecimientos”.
