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La diputa Federal Yeimi Yazmín Aguilar, acompañada por legisladoras, regidoras, mujeres del ONMPRI, y el dirigente Estatal del PRI Dip. Rubén Zuarth, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, por los señalamientos de Layda Sansores, gobernadora de Campeche donde afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Manifestó que los señalamientos de la funcionaria pública afectan sus derechos humanos, son misóginos y violentan la dignidad de todas las mujeres señaladas en el escrito, esta accion se realiza de manera simultanea en varios estado del Pais ante la Comisión de Derechos Humanos del estado.
En su escrito inicial, dirigido a Juan José Zepeda Bermudez, titular de esta institución, se exponen que el pasado 5 de julio del presente año, la titular del Gobierno de Campeche condujo un programa, donde afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del grupo parlamentario priista en la Cámara de Diputados.
“La aseveración realizada por la gobernadora representa una seria y grave afectación a nuestros derechos humanos, pues a través de sus señalamientos misóginos estaría violentando la dignidad de todas las mujeres señaladas en este escrito de queja y se está vulnerando nuestra privacidad e intimidad”, subrayan. Este hecho, advierten, no solo es posiblemente constitutivo de delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violación directa y fehaciente a los derechos fundamentales. La dirigente estatal del ONMPRI, Flor Angel Jíimenez, dijo que solicitaron una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de violaciones a sus derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos.
Con fundamento en dichas disposiciones y lo previsto en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitaron se otorguen medidas cautelares para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o la producción de daños de difícil reparación a las afectadas. Pidieron la eliminación del video publicado en el que se mencionan las fotografías íntimas de las diputadas; así como prohibir la continuidad de manifestación en la materia de la violencia en contra de las suscritas, el continuar ejecutando actos de violencia mediática o digital que las afecte y acercarse o comunicarse con la víctima u ofendida. Finalmente, requirieron al organismo realizar las investigaciones necesarias por la posible obtención ilegal de material fotográfico privado, “pues representa una grave violación a nuestros derechos como mujeres y servidoras públicas”.
