La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés (PVEM) planteó modificar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, para que la expedición de certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos por parte de los particulares se realice en un plazo máximo de noventa días, a partir de que la persona interesada cumpla con los requisitos académicos y administrativos establecidos por la institución.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen, se refiere a que es obligación del Estado proteger el derecho a la educación y al trabajo digno, asegurar que se expidan los títulos profesionales, de manera oportuna y sin dilatación, y evitar retrasos que impidan la inserción laboral de las y los egresados.
Subraya que el mayor rezago en estos procesos se concentra en escuelas particulares, donde uno de cada cuatro egresados no obtiene su título profesional en tiempo razonable, lo que evidencia problemas estructurales en los procedimientos administrativos, falta de supervisión efectiva y escasa rendición de cuentas por universidades con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
“Personas egresadas han esperado más de dos o tres años sin recibir su título profesional, impidiendo su contratación en empleos formales o limitando su acceso a mejores oportunidades, lo que genera incertidumbre y frustración, y vulnera derechos fundamentales a la educación y el trabajo digno”, enfatiza.
Por ello, considera necesaria una reforma que establezca plazos claros y razonables para expedir títulos profesionales. “La ausencia de una disposición expresa en la legislación ha permitido que los procesos administrativos se prolonguen de manera injustificada, dejando a los egresados en un estado de indefensión”.
Con esta propuesta, agrega, se busca llenar este vacío legal al incorporar un plazo máximo de noventa días naturales, contados a partir de que el egresado haya cumplido los requisitos académicos y administrativos exigidos por la institución educativa. “Eso fomenta la eficiencia administrativa de las instituciones de educación superior y protege el derecho de los egresados a ejercer su profesión en condiciones de igualdad y justicia”.
Además, garantiza el respeto a los derechos humanos, fortalece el marco legal de la educación superior y contribuye a construir un país más justo, equitativo y competitivo, en el que los egresados ejercicen su profesión con libertad y sin obstáculos, por la falta de certeza en la preparación de sus títulos profesionales.
Destaca que en México cada año miles de jóvenes terminan sus estudios universitarios con la expectativa de incorporarse al mercado laboral o continuar estudios de posgrado, pero se ven obstaculizados por la demora en recibir su título, indispensable para obtener la cédula y ejercer legalmente su profesión.
La falta de un plazo definido en la ley para entregar ese documento genera un vacío que permite a algunas instituciones retrasar la entrega de esos certificados, aun cuando los estudiantes hayan cumplido con los requisitos académicos y administrativos, puntualiza.
