En un claro abuso de autoridad autoridades ejidales de Ignacio Zaragoza, municipio de Salto de Agua detuvieron y encarcelaron a una mujer indígena, sin que se justifique por lo que habitantes exigen su liberación y la intervención de autoridades estatales.
La mujer habría sido ingresada y retenida en la cárcel comunitaria con fines presuntamente lucrativos, situación que debe ser investigada de manera inmediata por las autoridades competentes.
La justicia comunitaria no puede utilizarse como mecanismo para privar de la libertad a una persona ni para obtener beneficios económicos.
Los derechos humanos deben respetarse en cualquier comunidad y bajo cualquier circunstancia, por lo cual demandan la intervención del gobernador Eduardo Ramírez quien es un gran promotor de la defensa de los derechos de las mujeres.
