Mary Jose Díaz Flores / F&S
*Violentadores limitados para ocupar cargos
Para los comicios electorales del 2024, los partidos políticos tendrán que tomar en cuenta las modificaciones constitucionales que se realizaron en la Cámara de Diputados, donde quedan impedidos para ocupar cargos de elección popular, empleos o comisión del servicio público, los ciudadanos o ciudadanas que tengan una sentencia por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal y por ser declarado como persona deudora alimentaria, es decir, aquellos que no pagan pensión alimenticia.
La iniciativa que fue aprobada con 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones reforma los artículos 38 y 102 y también establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de quienes tengan sentencia por atentar contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Lamentablemente hay casos que no pueden comprobarse, pues no son denunciados ante las autoridades como el alcalde de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, que ha sido acusado en medios de comunicación por sus dos exesposas de violencia. Ambas señalaron al político de haberlas golpeado, apareciendo en fotos explicitas, pero nunca hubo un juicio, solo trasciende que al parecer, tras un acuerdo económico, ninguna de las dos denunció los abusos de los que fueron víctimas de tal forma, que eso le permite al “Elote”, seguir participando en política.
De lo contrario, este como otros políticos no podrían ser registrados como candidatos para ningún cargo de elección popular, ni ser nombrado para algún empleo, cargo o comisión del servicio público, así que solo falta que las mujeres tengan el valor de acusar a sus violentadores para que estos sean vetados para ocupar cualquier cargo en la administración pública.
Cabe hacer mención que desde 2021, la iniciativa “3 de 3” fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año, y con estas modificaciones constitucionales se materializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales, lo cual no tendría que existir, si los padres o madres fueran responsables con sus hijos y de paso obliga a que quienes sean representantes populares sean personas congruentes y comprometidas con sus hijos.
Evidentemente la reforma no es punitiva ni vulnera derechos de nadie, ya que sólo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme, “es decir al momento de pretender participar como candidata o candidato a ocupar un cargo en el servicio público por actos constitutivos de violencia hacia las mujeres, además se da certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores, pero solo serán suspendidos los que cuenten con una sentencia, por eso la importancia de denunciar y seguir un juicio.
Con Filo
inseguridad
Presidentes de diversos organismos afiliados al Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, enviaron una carta al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, en donde expresaron su preocupación ante el “incremento de hechos delictivos” registrados en la entidad en las últimas semanas. En la misiva, el sector empresarial representado en el CCE, expresa su disposición a colaborar en las “acciones destinadas a combatir la inseguridad pública en todo el territorio estatal”.
El documento hace énfasis en la necesidad de resolver los delitos que se encuentran en proceso de investigación y hacer justicia a las víctimas y familias afectadas por los mismos, además de recordar que “en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, al cierre del año 2022, 8 de cada 10 chiapanecos mayores de 18 años de edad” se percibía inseguro en muchas ciudades del estado, lo que motiva a mantener la colaboración efectiva entre sectores para mejorar “las labores de inteligencia, de protección y seguridad pública”.
En respuesta el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Chiapas, que preside Manuel Felipe Pardo Pastrana, donde reafirmó su firme compromiso de garantizar el Estado de Derecho y sumar esfuerzos en las estrategias integrales que propicien el desarrollo y progreso de la entidad. El titular de la FGE escuchó y atendió cada una de las inquietudes de los representantes del sector productivo, destacando su labor al promover la economía, creando oportunidades empleo para miles de familias chiapanecas, por ello, dijo, se redoblan esfuerzos para generar certeza de que, en Chiapas, la legalidad y el acceso a la justicia, están garantizados.
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