Mary Jose Díaz Flores /F&S
La agenda de género es una prioridad para el estado, por eso, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, envió dos iniciativas que fueron aprobadas por los legisladores locales de Chiapas y que son reconocidas por colectivas feministas ya que dan certeza de que realmente se fortalecen los derechos de las mujeres y de la niñez chiapaneca en las leyes vigentes.
En estas modificaciones realizadas al Código Civil de Chiapas se establece que los padres feminicidas, perderán de manera automática la patria potestad, tutela, y derecho de convivencia de los hijos, privilegiando el derecho de las mujeres y sus hijas e hijos a vivir con dignidad, seguridad y además de contribuir a la disminución de ataques contra la integridad de las víctimas y de sus familias.
Asimismo se endurecieron las penas para quienes ataquen con ácido u otras sustancias a las mujeres, adolescentes y niñas con el objetivo de tipificar, de manera precisa y contundente, la violencia por ataques de esta naturaleza.
De esta manera, los legisladores chiapanecos, responden a demandas de grupos feministas que buscan mayor justicia y de paso; con las reformas aprobadas, el Congreso chiapaneco, se libra de las recientes críticas a los legislador@s federales que votaron por mantener con fuero constitucional al político; Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunta violación a su media hermana, aprobando con ello la violencia hacia las mujeres.
Esperamos que en la entidad, los legislador@s se mantengan con la postura de sancionar a los agresores y las medidas se apliquen sin distingos a políticos o funcionarios violentadores que a pesar de ser denunciados no son juzgados como corresponde, pues abusan del poder y de sus relaciones políticas como el cantautor Carlos “M” que pese a sus ataques públicos a mujeres sigue sin acción penal.
En fin, colectivos feministas como 50+1 que preside Alma Rosa Cariño y Amaí que preside Aracely López Trejo, reconocen la voluntad de los legisladores al aprobar estas reformas que benefician a las mujeres en Chiapas.
Con Filo
Siguen las quejas en el penal número 17 conocido como “El Bambú”, ubicado en el municipio de Playas de Catazajá, donde suplican la visita de organismos no gubernamentales de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, pues los internos son reprimidos y abusados por el director del penal, Luis Pérez Ramírez quien ha prohibido las visitas y la entrada de alimentos violando con ello, sus derechos humanos. Sin embargo se asume protegido por el Subsecretario de Sanciones Penales Zeín Gerónimo Gil, por lo que presume que pese a las denuncias no le harán nada.
Los reclusos aseguran que ha restringido las visitas familiares y conyugales sobre todo a centroamericanos recluidos que por no tener un acta de matrimonio, no les permiten acceso a sus parejas, además de que los amenaza con cambiarlos de penal, si siguen denunciando sus abusos en el cefereso, con lo que los intimida ya que los reclusos no tienen ingresos paran que sus parientes vayan a otras ciudades.
Además denuncian que en cuanto a las manualidades como hamacas, bolsas y pulseras ya no pueden venderlas o dárselas a la familia para que hagan lo propio, pues resulta que por instrucciones del Director, el negocio lo maneja su mano derecha; la Contadora Zoraida Araceli Vázquez, que sigue enriqueciéndose a costas de las ganancias de la tienda de gobierno ya que lleva 6 años en la administración y se queda con todos los recursos, incluso los reos no recuperan ni la inversión.
Además denuncian que Pérez, los está obligado a comprar uniformes; pantalón, playera, camisa y zapatos, cuando la mayoría de los Presos no tienen forma de ingreso.
De paso señalan que los obligó a contraer matrimonio, presuntamente de manera gratuita para tener visitas familiares, pero resulta que a la hora de hablar con la contadora, Zoraida Araceli Vázquez y el Director Juan Luis Pérez, les informaron que tienen que pagar seis mil 800 pesos por la boda, cuando insisten en no tener ingresos y la amenaza es que habrá consecuencias sino ejecutan el pago.
Ante tal situación demandan al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ordene una investigación en este reclusorio donde no han hecho caso del humanismo que pregona el mandatario estatal, desacatan sus instrucciones y violentan los derechos fundamentales de reos de Playas de Catazajá.
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