*Halconeo principal delito de policías
Mary Jose Díaz Flores / F&S
En la transmisión en vivo donde el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca habla de los resultados obtenidos en Chiapas para mejorar la seguridad del estado, que bueno que reconoce que la tarea en esta materia no ha terminado y que, afirma que los presidentes municipales, policías y funcionarios vinculados a la delincuencia organizada serán investigados, lo anterior tras la detención de 156 policías municipales de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, de los que 11 de ellos fueron judicializados presuntamente por estar al servicio de algún cártel delictivo.
De todos es sabido que en los municipios los puestos de policía municipal, lo otorga directamente el presidente municipal para cumplir con sus compromisos laborales con quienes le ayudaron en campaña, por eso, surge la duda a los ciudadanos, sobre la participación de los alcaldes en hechos delictivos, pues finalmente son a quién responden los policías contratados. En este sentido, ojalá que realmente se investigue la participación de los mismos con grupos delincuenciales.
Por cierto, el fiscal habló también de que en 2024 se cerró con 32 feminicidios y el 2025 con 31, lo cual es lamentable, porque significa que las políticas de prevención no están funcionando y se debe poner especial atención en esta materia donde las víctimas sufren también de la corrupción de las autoridades.
Por ejemplo, en el municipio de Palenque un grupo de mujeres denunciaron que en la Fiscalía Distrito Selva existe tráfico de influencias y tráfico de información delicada que han ocasionado el nulo acceso a la justicia por parte de víctimas, y la falta de seguridad jurídica en las Instituciones que deben de velar por los derechos jurídicos de las mujeres.
En este sentido, señalan que existe una supuesta relación sentimental entre el subdirector de Fiscalía Selva, Bruno Diego y Vitia Selene, Jueza Municipal de Palenque, Chiapas, lo cual propicia la filtración de información de casos graves y lo más alarmante es que esto afecta casos de violencia de género. ¿Cómo puede una mujer obstaculizar el acceso a la justicia de otras mujeres y proteger a agresores usando su vínculo personal?
Según señalan, el tráfico de influencias ha alertado a agresores y dejado a mujeres indefensas. No es un asunto privado: es una violación a la ética pública y los Derechos Humanos que debe ser atendida de inmediato, para evitar poner en riesgo a mujeres que han denunciado a sus agresores, pero que la fuga de información jurídica los pone en alerta para su defensa.
El acceso a la información institucional no puede depender de lazos personales, especialmente cuando pone en riesgo vidas y seguridad. Estas conductas rompen la confianza institucional y perpetúan la violencia contra las mujeres. Ante esta situación, demandan que se investigue, se sancione y se impongan mecanismos de control y transparencia en el actuar de los funcionarios de justicia.
La información no es moneda de cambio, y la violencia de género no puede ser encubierta desde el Estado.
Con Filo
La recién nombrada titular de la Secretaría de la Mujer, Mariam Vázquez González, no cabe duda que está mareada por el poder que nunca imaginó tener y que le cayó del cielo, por eso llegó con la espada desenvainada, olvidándose del humanismo que pregona el actual gobierno y al parecer despidió de un solo golpe a 50 abogadas que se encontraban atendiendo los Centros Libres de Violencia que ha inaugurado el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar desde hace varios meses. Todas eran mujeres y la pregunta es, ¿sabrá que significa “sororidad” o solo sabe hacer tik tok bailando?.
En fin, ojalá que tenga una razón válida para justificar estos despidos que se dan precisamente iniciando el 2026.
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