Mary Jose Díaz Flores / F&S
Nos preguntamos cuál es el fin de que, desde Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, se realicen consecuentemente licitaciones restringidas y encontramos que el objetivo principal de esta medida, es beneficiar extrañamente solo a tres empresas con contrataciones millonarias, lo más raro es que las tres son de reciente incorporación al padrón de proveedores y en sus domicilios no hay nadie.
Las contrataciones gubernamentales se realizan desde las entrañas de varias dependencias y entidades, con la aprobación del jefe del departamento de licitaciones restringidas de Oficialía Mayor, Wilbert Ramón Pérez López, y el titular de la misma, Víctor Manuel Urbina Abadía que ha convertido además en una práctica cotidiana el echar a andar las licitaciones y declararlas desiertas para justificar la compra directa.
Las muestras están a la orden del día desde la página de esta dependencia, donde se pueden corroborar los procedimientos a tres empresas de un mismo grupo, además de que se impuso el cobro de un derecho de aproximadamente $2,200 pesos para estar en la lista de proveedores, pero eso no es ninguna garantía de que se pueda cotizar, y menos pensar en una adjudicación.
Esos gastos no acaban ahí, pues es sabido por todos que, si quieres agilizar de tres meses a dos semanas tu trámite, tienes que pagar $8,000 pesos para que te extiendan tu famoso tarjetón, ya que aún tienen un sistema de firma electrónica que no deja de ser un documento barroco.
Lo antes referido, es un acto de corrupción en el que los empresarios tienen que volverse cómplices, aunque si se analizan las estadísticas, la mayor parte de las asignaciones son directas y es que, como lo señalamos anteriormente, ya se volvió una ley no escrita declararlas desiertas para justificar la compra directa.
El padrón de proveedores tiene una base de mil 251 empresas entre registros y renovaciones de personas físicas con actividad empresarial y personas morales, en su mayoría, son empresas foráneas, razones sociales con nombres rebuscados, direcciones ilocalizables y prestanombres.
Sería irresponsable decir que son “factureras”, porque la única autoridad para determinar ese supuesto es el SAT y la UIF; pero de lo que sí estamos ciertos es que, de ese número citado líneas arriba, solo trabajan con 90 empresas. Así fue declarado por ellos mismos y se puede acreditar con las estadísticas.
Como muestra un botón, a continuación, detallamos un acta de apertura donde se observa que se invitó a un grupo de tres empresas, de las cuales dos son de reciente ingreso al padrón, simulando entre ellas la competencia.
Sin embargo, mediante el acta de fallo, se configura el delito de fraude al asignar a una persona física de 23 años de edad, sin experiencia en el giro y con domicilio ilocalizable, un contrato de equipo de seguridad por más de cuatro millones de pesos.
Otra prueba es una convocatoria de licitación pública LCPE-004-26, que concluye la compra de bases el mismo día de su publicación y en la que piden muestras físicas y entregar 10,338 estufas ecológicas cinco días posteriores al fallo; una entrega imposible, a menos que algún proveedor que asistió a la junta de aclaraciones ya las tenga fabricadas.
Con Filo
En el Congreso del Estado no paran los escándalos y es que si la diputada de Morena Isabel Rodríguez, logró que algunos grupos salieran a pronunciarse contra la diversidad sexual, el martes en sesión ordinaria, organizaciones de la sociedad civil le gritaron en la sesión del pleno, su repudio, justo cuando se abordó una iniciativa relacionada con la inclusión y el derecho a la identidad.
La legisladora ha logrado ganarse el rechazo de los grupos de diversidad sexual, que asistieron a la sesión ordinaria, la encararon y a gritos le pidieron que emita una disculpa pública por presuntos actos de discriminación o vulneración de derechos. ¿Seguirá la legisladora subiendo a tribuna con la misma postura?
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