*Yamil amenaza a tapachultecos
Mary Jose Díaz Flores / F&S
Una de las grandes obras de infraestructura del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, es la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque, la cual fue consensuada de manera directa con los propietarios de las tierras que serán afectadas y habitantes de los alrededores que votaron a mano alzada a favor del proyecto, pero como no falta el pelo en la sopa organizaciones civiles tratan de impedir que la obra se realice argumentando impacto ambiental y se han amparado contra el avance de este proyecto.
Sin embargo se han dado el primer tope, pues la jueza Primera de Distrito, Doris Yadira Ponce Figueroa, negó el recurso de amparo a los inconformes que intentan la suspensión de la autopista por lo que el proyecto carretero continuará, aunque claro; estas organizaciones civiles que durante 20 años han impedido el desarrollo de la zona, insistirán jurídicamente para que el proyecto no continúe.
La Secretaría de Infraestructura también tiene sus propios recursos jurídicos e interpuso una queja contra la admisión de la demanda de amparo, que no se ha resuelto, pero también los quejosos tienen un trámite en el que piden que se revise la negativa de la suspensión definitiva del proyecto, misma que deberá atender el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Estado de Chiapas y seguramente el resultado tampoco será a favor de quienes se oponen al desarrollo de estas comunidades.
Autoridades de Chiapas consultaron de manera directa a los pueblos originarios de la zona, sin que participaran organizaciones civiles, se han pagado las propiedades afectadas y se ha informado a los habitantes de los beneficios que tendrán con esta obra, que como le decíamos al principio fue aprobada a mano alzada, ahora bien, las organizaciones civiles reaccionan de manera frontal, porque les ganaron en la consulta y ahora, argumentan daños ambientales.
Además de que adelantan posibles conflictos sociales, lo cual llama la atención, porque precisamente con estos argumentos por años han impedido al gobierno la realización de esta obra, por lo que seguramente hay otros intereses de estas agrupaciones que se oponen al desarrollo.
Corrupción en la FGE
El pasado 17 de junio, dos afectados por presunto secuestro se presentaron ante la Fiscalía Antisecuestro en el municipio de Comitán para presentar una denuncia en contra de Mauricio Dubón, no les recibieron el escrito elaborado que llevaban en dos tantos, pero les tomaron declaración, aunque grande fue la sorpresa porque no se inició ningún procedimiento jurídico como correspondía a la denuncia.
El acusado fue detenido posteriormente por atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, y fue cuando los afectados por el otro procedimiento se dieron cuenta de que no les iniciaron ningún procedimiento con su denuncia, de tal forma que el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, debería investigar que pasa en esas oficinas y por qué se protegía al imputado.
De acuerdo a un comunicado oficial La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Mauricio Darinel “N” y/o Luis Mauricio “N”, que funge como representante de diversas organizaciones, las cuales presuntamente son de carácter conflictivo en el municipio de Comitán; por ello, por cuestiones de seguridad, fue trasladado al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, pero se ha evidenciado que desde la misma FGE era protegido.
Otro escándalo que salta a la luz pública en la FGE es la detención de Gustavo “N” que fungía como director jurídico de la Fiscalía Jurídica adscrita a la dependencia. El funcionario es acusado del delito de secuestro y extorsión por lo que fue llevado directo a El Amate, un caso muy lamentable porque se confirma la participación de autoridades en hechos graves, aunque lo bueno es que al ser descubiertos, no solo son destituidos sino que enfrentan un proceso jurídico.
Con Filo
El alcalde de Tapachula Yamil Melgar Bravo, lanza una amenaza a los tapachultecos a quienes les dice que si son captados tirando basura en la calle desde las motos, los vehículos públicos, particulares y triciclos serán sancionados económicamente y no solo eso, sino que les quitarán las unidades y se las llevarán al corralón. “Invito a que manden la foto de las placas o video, los vamos a detener y les vamos a recoger el vehículo, la moto, el triciclo o lo que tengan y se van a llevar al corralón, nativos o no nativos de Tapachula. No más calles sucias pero tampoco más flexibilidad” advirtió el alcalde que no encuentra otro modo de tener limpio Tapachula, debería empezar mejor por quitar toda la publicidad basura de su administración y quitar a los funcionarios corruptos que son denunciados por cobrar cuotas irregulares a los comercios de Tapachula para que puedan tener abiertas sus puertas fuera de horarios establecidos.
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