*Guillermo Ramos gris y omiso
Mary Jose Díaz Flores
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, es considerado como una “fábrica de culpables” que criminaliza injustamente a personas que se dedican a la defensa de los derechos de los pueblos originarios y que han sido detenidos inventándoles delitos; además de que les cambian a los defensores públicos de manera continua, vulnerando los derechos a una defensa continua y lo peor; las audiencias tardan una eternidad, pues los juzgadores se asumen con mucha carga laboral.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ha exhibido las inconsistencias del Poder Judicial del Estado, que dirige, Guillermo Ramos Pérez, quien pasará a la historia de Chiapas como un funcionario sin compromiso con los chiapanecos, pues ha demostrado que solo es un títere que no cumple con sus funciones de manera digna y con respeto al juramento constitucional que hizo al tomar el cargo.
El frayba le ha exigido la liberación de seis indígenas choles del municipio de Cancuc y ha hecho un exhorto al Poder Judicial para que cese a la criminalización judicial en contra de personas inocentes. Además exige que se libere a un indígena chol de nombre; José Díaz Gómez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y a cinco tseltales defensores del territorio, originarios del municipio de Cancuc, detenidos injustamente con delitos inventados de manera deliberada.
El organismo defensor de los derechos humanos, asegura que a José Díaz Gómez, preso en el penal del municipio de Catazajá, “le fue fabricado un delito como represalia por su adherencia política zapatista, por lo que permanece en prisión preventiva desde el 25 de noviembre de 2022”, hecho con el cual se confirma que este poder en lugar de impartir justicia; Ramos Pérez, lo ha convertido en una “fabrica del culpables”.
El organismo señaló que el proceso de José, “se ha visto postergado maliciosamente, pues el Juzgado de Control que lleva la causa, ha aprobado en tres ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía General del Estado, pese a que ésta no ha realizado ninguna investigación adicional”, y estas dilaciones son parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, con un fin de simulación.
El Frayba manifestó que ha solicitado en tres ocasiones, el cambio de medida cautelar, “lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar, pero la respuesta ha sido negativa”. Asimismo, destacan “la criminalización penal en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, defensores del territorio”.
En este caso, “los tres primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales; Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano el 29 de mayo de 2022 en Cancuc presuntamente por posesión de enervantes, luego fueron entregados a la Fiscalía Indígena, la cual cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas; tiempo en el que fabricó una versión completamente distinta de la detención asentando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo –es decir, un día después–.
“Durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. De tal manera que tras ser liberados por el primer delito, fueron inmediatamente detenidos por la segunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente” al penal de San Cristóbal de las Casas.
Todo esto habla de la fabricación de delitos del Poder Judicial del Estado y para rematar el organismo defensor de los derechos humanos refiere que; “el día 1 de junio del mismo año, familiares de los tres detenidos y dos testigos, en compañía del personal del Frayba y de una organización internacional de observación de derechos humanos, se trasladaron al Juzgado de Control donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los tres defensores, grande fue la sorpresa al estar en el penal, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los dos testigos de nombres Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados” de manera, por demás abusiva.
Cabe recordar que el pasado 5 de marzo a las 15 horas llevó a cabo la reposición del juicio oral en el Juzgado de Control y enjuiciamiento con sede en San Cristóbal, por lo donde se exigió que “se garantice el cese a este uso indebido de la maquinaria penal en contra de los cinco defensores del territorio, a través de una sentencia que reconozca las violaciones jurídicas cometidas por los juzgadores que deben escuchar las denuncias de las víctimas en cuanto a las violaciones a sus derechos humanos”.
Es decir que exigen que en el Poder Judicial del Estado no se construyan delitos y que los jueces sean imparciales que no sean parte de la prolongación indebida de la prisión preventiva que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos; sin embargo hay ausencia de una respuesta contundente.
Con Filo
Guillermo Ramos, titular del Poder Judicial del Estado ¿creerá que es eterno en el cargo y por eso es inalcanzable?, ¿ Se imaginará que pasará a la historia de Chiapas como un funcionario gris y omiso?, ¿pensará que ya con el gigantesco árbol de Navidad, va a pasar a la historia como el que mejor decoró el patio de este organismo judicial?
Cel 9615793947
