El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), dio cuenta del informe sobre las reuniones con representantes de organizaciones de personas jubiladas, cuyo propósito fue conocer sus inquietudes sobre la aplicación del decreto publicado el 10 de abril de 2026 en materia de límite a jubilaciones y pensiones.
En el documento se menciona que las reuniones celebradas entre el 29 de mayo y el 8 de junio de 2026 consolidaron un proceso gradual de diálogo entre el Poder Legislativo y las personas jubiladas y pensionadas.
La primera reunión permitió conocer de manera directa las afectaciones señaladas y establecer canales de comunicación; los encuentros posteriores sirvieron para ordenar la información, delimitar rutas de atención y dar inicio al análisis técnico y jurídico.
Se destaca que el principal avance institucional consistió en transformar las solicitudes iniciales en acciones concretas de seguimiento como la instalación de una mesa de trabajo, revisión de iniciativas, preparación de posibles foros y canalización de la petición ante la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, lo que permitió distinguir entre las cuestiones susceptibles de atención administrativa inmediata y aquellas que podrían requerir modificaciones normativas.
La Comisión atendió los planteamientos expuestos dentro del ámbito de sus atribuciones, mediante la apertura de espacios de diálogo, la revisión de la información presentada y su canalización a las instancias competentes. Con estas acciones se cumplió el propósito de las reuniones celebradas y se dejó constancia de las gestiones institucionales realizadas durante el periodo informado.
Precisa que las personas jubiladas y pensionadas señalaron reducciones en los montos que venían recibiendo, afectaciones a otras prestaciones y diferencias en los criterios de aplicación entre entidades públicas.
También solicitaron certeza jurídica respeto a los derechos adquiridos y la revisión de posibles efectos retroactivos. A partir de estos planteamientos se construyó una ruta gradual de atención, con componentes administrativos, técnicos, jurídicos y legislativos.
Godoy Rangel explicó que este documento surgió de una serie de reuniones con representantes de los jubilados, fundamentalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Banobras. Detalló que también se estableció una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Mencionó que la Consejería Jurídica emitió una opinión, en donde se consideró y ya se está regularizando lo establecido en las fracciones segunda y cuarta del artículo 127 constitucional, que se reformaron para que se les pague a lo que no se sujetó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se les está devolviendo el descuento que se les hizo en algunos casos.
El diputado reconoció que hay un debate en este tema, pero este se dará en su momento si se hace alguna reforma a la Constitución, ahora en el período ordinario. Consideró que seguramente se tendrá a través de los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política una propuesta al respecto.
Aclaró que no hay retroactividad en las reformas constitucionales y si hay una discusión no tendrá que ver con la supuesta anticonstitucionalidad de una retroactividad que no existe, pero “seguramente lo vamos a platicar en las próximas semanas y lo hará la Junta de Coordinación Política”.
Irais Virginia Reyes De la Torre, diputada de MC, comentó que el transitorio es inconstitucional, ya que hay personas que están perdiendo un ingreso que esperaban tener a su retiro y “me parece muy injusto que ahora tengan que vivir con menos de lo que ellos estaban dispuestos a trabajar cuando aceptaron esas condiciones laborales”.
Dijo que su grupo parlamentario tiene una iniciativa para modificar el artículo transitorio, dado que “sí es importante que podamos resolver esta inconstitucionalidad que se generó. Estoy segura que podemos corregir aquello que se aprobó en el periodo pasado de sesiones. Estamos a tiempo de corregir. Sería una injusticia para las y los que fueron trabajadores del servicio público”.
Para la diputada Clara Cárdenas Galván (Morena) el tema de las jubilaciones y pensiones es vital para la tranquilidad y futuro de miles de mexicanas y mexicanos que han entregado su vida a nuestro país; por ello, el objetivo principal de las reuniones ha sido escuchar, dialogar y garantizar que el derecho a un retiro digno nunca está en riesgo, y en las mesas de trabajo se ha analizado a fondo la reciente reforma constitucional en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.
Hizo mención que hay un claro avance en las reuniones pues hay una apertura institucional y la creación de un canal de comunicación permanente. Ante ello, “las y los legisladores que integramos esta Comisión hemos tomado nota de las inquietudes y entendemos que esta lucha es justa; seguiremos avanzando de manera transparente pues nuestra misión es legislar por el bien común protegiendo a quienes menos tienen y combatiendo las desigualdades, pero siempre de la mano del pueblo, de los sindicatos y de las asociaciones de jubilados”.
Del PAN, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá argumentó que se está en un momento crítico de sentar un precedente en materia de retroactividad de la ley, más cuando se trata de una norma constitucional y, que si bien se habla de las pensiones doradas, está afectando de manera retroactiva a personas que nada tienen que ver con esto y deberían ser consideradas en el derecho que se han ganado a lo largo del servicio prestado a México y sus trabajos desde las diferentes dependencias en las que se han desempeñado.
Reiteró a nombre de su grupo parlamentario el respaldo a los pensionados y jubilados tanto de Pemex, CFE y de las otras instituciones que se han visto afectadas con esta reforma y solicitó que sea considerada la reforma al transitorio para que no se quede como un precedente inconstitucional de violación a los derechos humanos de las personas. “Reconsideremos reformar y arreglar este desperfecto que ha quedado plasmado para poder respetar el derecho de las personas que ya tienen un derecho ganado”.
Grupo de Trabajo de Estudio e Investigación de Iniciativas
Por otra parte, las y los integrantes de la instancia legislativa conocieron el informe del Grupo de Trabajo de Estudio e Investigación de Iniciativas.
La diputada Irais Reyes (MC) mencionó que en el informe hay seis iniciativas de MC que se tiene pronosticado desechar, por lo que se solicita se pueda hacer una revalorización de las propuestas para ver la posibilidad que alguna parte de la misma o su totalidad puedan ser aprobadas.
También de MC, la diputada Laura Hernández García pidió reconsiderar las iniciativas que están por desechar, por considerar importante analizar lo jurídico y el impacto acompañado de una cuestión social, así como realizar parlamentos abiertos para asegurar un proceso deliberativo suficiente, informado y abierto.
A su vez, la diputada Laura Márquez (PAN) se pronunció por un calendario para las próximas reuniones, “dado que no tenemos esa guía de trabajo para poder abordar de la mejor manera los temas que estaremos analizando y manifestar la total apertura de hacer un análisis profundo de cada uno de los temas para que puedan llegar el mejor término”.
El diputado Leonel Godoy (Morena) comentó que hay algunas iniciativas que ya precluyeron, y hay otras que sí se tienen que revisar en lo particular y que no han precluido, pero se tienen opiniones negativas sobre las áreas de gobierno que serían afectadas por estas reformas si se hicieran a la Constitución Política.
En asuntos generales, la diputada Roselia Suárez Montes de Oca (Morena) se pronunció por desahogar la iniciativa que reforma el artículo 2 constitucional para reconocer a la comunidad mexicana migrante, dado que es muy importante apoyar a los connacionales. “Esta modificación constitucional es importante porque se reconoce a la comunidad de mexicanos migrantes para preservar, difundir, enriquecer y fortalecer la identidad de los connacionales y mantener los vínculos históricos culturales”.
Al respecto, el diputado Leonel Godoy puntualizó que se estaría buscando la opinión de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, sobre la reforma de esta naturaleza en el artículo segundo constitucional, pero “en los próximos días nosotros ya tenemos un proyecto de dictamen previsto y lo comentaríamos en su momento con los integrantes de la Comisión, a través del grupo de trabajo”.



