Javier Guízar Ovando /F&S
La reciente emisión de la convocatoria 2026-2030 para la elección de rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), dada a conocer por su Junta de Gobierno el miércoles 6 del presente mes, ha generado una oleada de comentarios que, más que análisis jurídico, parecen responder a lecturas apresuradas o a intereses ajenos a la vida institucional. Conviene, por tanto, poner las cosas en su justa dimensión; no hay albazo, hay legalidad, la convocatoria no tiene destinatario ni dedicatoria.
En primer término, es indispensable subrayar que el marco normativo de la universidad es claro. El Estatuto Integral, en su artículo 569, establece que la convocatoria deberá emitirse “cuando menos treinta días antes” de que concluya la gestión en turno. La redacción no deja margen a interpretaciones caprichosas, se trata de un mínimo, no de un plazo límite. En consecuencia, emitir la convocatoria con aproximadamente seis meses de anticipación no solo es legal, sino que rebasa con holgura el estándar exigido.
Lejos de vulnerar la norma, esta decisión fortalece el proceso. La anticipación genera certidumbre, permite una mayor organización y evita la improvisación que, en otros contextos, ha derivado en tensiones innecesarias. En términos de gobernanza universitaria, anticiparse no es sospechoso, es responsable. Significa abrir el tiempo institucional para que la comunidad universitaria reflexione, participe y construya.
De ahí que resulte impreciso calificar esta acción como un “albazo”. Un albazo implica sorpresa, opacidad y restricción de la participación. Aquí ocurre lo contrario, se amplían los tiempos, se transparentan las reglas y se invita a la comunidad a involucrarse en el proceso. Los aspirantes cuentan ahora con condiciones más adecuadas para estructurar sus propuestas, diseñar proyectos de desarrollo institucional y dialogar con los distintos sectores universitarios.
Además, la práctica no es inédita ni aislada. Universidades públicas de reconocido prestigio en el país han adoptado esquemas similares, donde las convocatorias se emiten con meses de anticipación. Este modelo permite procesos de auscultación más amplios, deliberaciones más profundas y decisiones mejor sustentadas. No se trata de una excepción, sino de una tendencia en instituciones que buscan fortalecer su vida democrática interna.
También es importante destacar que la legalidad no solo se cumple en términos formales, sino que se acompaña de legitimidad. Cuando las reglas son claras, los tiempos son amplios y las condiciones son equitativas, el resultado del proceso gana en aceptación y confianza. La universidad, como espacio de pensamiento crítico, debe ser ejemplo de procesos ordenados, transparentes y participativos.
Finalmente, es necesario llamar a la responsabilidad en el debate público. La autonomía universitaria no debe ser rehén de desinformación o de intereses coyunturales. Analizar con rigor jurídico y sentido institucional es una obligación de quienes opinan sobre la vida pública. En este caso, la evidencia es clara; la convocatoria no solo es legal, sino que refleja una decisión orientada a fortalecer la gobernanza y la calidad democrática en la UNACH. Es cuanto.
Nos leemos en la próxima, salud Vale.
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