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La diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD) impulsa una iniciativa para agregar una fracción al artículo 3 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el fin de incluir como tipo de violencia contra esta población la estructural, es decir la ejercida por cualquier institución pública o privada.
Define que es violencia estructural la que comete cualquier institución pública o privada, a través de sus normas o reglamentos, consciente o inconscientemente, en contra de una persona adulta mayor en razón de una o varias características de su condición, la cual produce un daño a la atencion de las necesidades humanas basicas.
El documento, remitido a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, considera que dicha violencia puede dañar a una persona al verse impedida por la estructura social para cubrir sus necesidades básicas.
Destaca que “en ocasiones el Gobierno y la sociedad ven a las personas adultas mayores como costos de salud, el cual no alcanza para financiar medicamentos y prestaciones de carácter sanitario, lo que conlleva a que lleguen a sufrir otro tipo de violencia”.
Por ello, sostiene, es importante establecer en la ley el concepto de violencia estructural, con el propósito de que las instituciones públicas o privadas erradiquen estas acciones garantizando así el derecho de las personas adultas mayores a vivir una vejez plena y libre de cualquier forma de Violencia.
Refiere que en México hay aproximadamente 14.5 millones de personas adultas mayores, lo que representa 11 por ciento de la población. Asimismo, existen estudios que “sugieren que entre 8.1 por ciento y 18.6 por ciento de las personas mayores de 60 años sufren algún tipo de maltrato, cifras que aumentan al 32 por ciento en el caso de personas mayores con dependencia funcional”.
