Estancias infantiles, grito de justicia que se escucha en las calles: Norma Aceves
F&S
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, presentó una iniciativa a fin de establecer la prohibición de reducciones presupuestales o a políticas dirigidas a la protección de niñas, niños y adolescentes.
En un comunicado informó que, durante una reunión de esta instancia legislativa, expuso su reforma que modifica diversas disposiciones de la Ley de Austeridad Republicana, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley General para las Personas con Discapacidad.
La legisladora afirmó que quienes cuidaban a menores en el programa de Estancias Infantiles no eran maestras, eran vecinas capacitadas y supervisadas por el DIF Nacional, y hoy están desempleadas.
Además, las y los niños que fueron parte de dicho programa tuvieron mejoras en el puntaje en su escala de comunicación, mejoraron su comportamiento individual y social.
Consideró muy delicado que hoy quienes son parte de una mayoría legislativa en la Cámara “no quieran tocar a la Secretaría del Bienestar ni con el pétalo de un exhorto”.
La evaluación que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras, que implementó el Gobierno Federal actual, muestra que hay deficiencias en el diseño, recordó.
A su vez, la diputada Norma Aceves (PRI) aseveró que las estancias infantiles, como parte del derecho a la seguridad social, no son un problema de corrupción y transparencia, ni del pasado o del presente; de quién administra ahora, quién lo hizo antes o quién lo hará después. Son parte del grito que se escucha en las calles, pidiendo “justicia, justicia, justicia”.
Estos espacios son un derecho que promueve el empoderamiento de las mujeres, el único camino para evitar la dependencia económica, para promover la participación en el empleo y en igualdad con los hombres. Además, previenen la violencia, por lo que pidió buscar mecanismos para que regresen.
“Ahora bien, el hecho que se den 42 pesos diarios a menos de 700 mil niñas y niños con discapacidad, cuando hay al menos dos millones de ellos, no garantiza su seguridad social, su salud y su desarrollo. Eso es una trampa de pobreza”, subrayó, para luego agregar que esa cantidad no garantiza el acceso a sus derechos.
Por su parte, la diputada Laura Barrera Fortoul (PRI) informó que promueve una iniciativa para restituir los derechos de manera inmediata a los niños que viven en situación de orfandad sin condición de parentalidad en alguna institución, a fin de que gocen de mejores cuidados y atención psicológica.
