Posicionamiento Público como Diputada Suplente, Sobre el Acuerdo Firmado por la 69 Legislatura en Apoyo a la Diputada Luzma Castillo Moreno. Ante la simulación de apoyo de la Diputada y el abandono institucional a las personas con discapacidad:
Durante más de un año he guardado silencio. He permanecido al margen, confiando en que la cordura, la justicia y la ética prevalecerían en el recinto legislativo.
Pero el tiempo para las personas con discapacidad no se mide en días, se mide en oportunidades que se esfuman. El tiempo, para nosotras y nosotros, es oro, porque cada día que pasa nuestro cuerpo y nuestra salud se deterioran, al igual que la fuerza de quienes nos cuidan. Y, sin embargo, a nadie parece importarle. Nadie hace nada. La indiferencia institucional es cómplice de nuestra agonía.
El reciente acuerdo de la 69 Legislatura para apoyar a la Diputada Luzma Castillo Moreno, presentándola como víctima de violencia sistémica y digital por su discapacidad, exige un pronunciamiento puntual, profundo y legalmente fundado. No se trata de un cuestionamiento a la causa de la inclusión ni a la comunidad LGBTIQ+, a quienes respeto y apoyo. Se trata de señalar una contradicción insostenible y una violencia institucional que este acuerdo, lejos de reparar, legitima y profundiza.
Hoy, como Diputada Suplente, me veo en la obligación legal, moral y constitucional de alzar la voz. No solo por mí, sino por todos aquellos que, amenazados desde la «Casa del Pueblo», no se atreven a hablar. El miedo a las represalias nos ha secuestrado la palabra, pero el derecho a la denuncia y a la protección de nuestros derechos humanos es inalienable y no prescribe.
Existe un relato público que construye a la Diputada Luzma Castillo como una defensora de los grupos vulnerables. Sin embargo, la realidad para quienes la hemos tratado es diametralmente opuesta. Quien preside la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad es la misma persona que ha maltratado, discriminado y excluido a las personas con discapacidad a las que dice representar y en general a todos a su alrededor.
Este no es un señalamiento menor. Existen pruebas fehacientes de estas acciones, incluyendo amenazas, expulsiones del recinto legislativo y una sistemática campaña de desprestigio en mi contra. Esas pruebas fueron presentadas ante el Diputado Mario Guillén , en su momento, a quien le consta esta situación. Además de que algunas diputadas que son testigos de ello.
¿Por qué el acuerdo de apoyo? La firma de este acuerdo no es un acto de justicia, sino un acto de simulación y cinismo político. Es una cortina de humo para ocultar la verdadera violencia que se ejerce puertas adentro.
¿Quién nos protege a nosotros de ella? Esa es la pregunta que este acuerdo ignora. La respuesta es: la ley. Pero la ley no se aplica si hay complicidad.
El apoyo de los diputados a la Diputada Castillo Moreno, sabiendo o debiendo saber de su conducta, los convierte en cómplices por omisión de la violencia que ella ejerce. No están protegiendo a una víctima; están protegiendo a una victimaria y, al hacerlo, están revictimizando a las verdaderas víctimas: las personas con discapacidad que han sido maltratadas, excluidas y silenciadas por quien debía ser su principal defensora.
La comunidad LGBTIQ+, a quien ella dice apoyar, no es «un hongo». Son personas con plena consciencia, merecedoras de respeto. Confío en que sabrán distinguir entre el apoyo genuino y el uso electoralista de sus causas.
¿Por qué alzo la voz ahora? Porque el Artículo 1° de nuestra Constitución nos obliga a todas las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Si quienes tenemos un escaño y sufrimos la violencia callamos, nos convertimos en cómplices del sistema que nos oprime. Tengo plena conciencia de que, al hacer esta denuncia pública, activaré el mecanismo de represalias que ya conozco: vendrán los ataques, las invenciones, las notas pagadas para dañar mi imagen y la atribución de actos que jamás he cometido. Pero quienes me conocen, quienes han caminado a mi lado durante más de una década, saben de mi lucha, conocen mi corazón y mi honorabilidad. Mi intención es genuina y mi trayectoria lo respalda.
Sin embargo, la publicación de este acuerdo y la continuidad de las agresiones me obligan a manifestar lo siguiente:
1. Exijo a la 69 Legislatura que, en lugar de firmar acuerdos de apoyo simulados, investigue y atienda las denuncias de violencia y discriminación que emanan de la propia Diputada Castillo Moreno.
2. Denuncio que el acuerdo firmado es un acto de complicidad que perpetúa la violencia institucional contra las personas con discapacidad que ella misma representa.
3. Me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes (penales, electorales y laborales) que la ley me confiere, tal como lo establece el Artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que regula las sanciones por violencia política.
El marco jurídico que protege a las personas con discapacidad y sanciona la violencia política y la discriminación es claro y contundente. La conducta de la Diputada Castillo Moreno, y la complicidad que este acuerdo representa, viola múltiples ordenamientos:
A. Violación de la Constitución y Tratados Internacionales
• Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Prohíbe explícitamente toda discriminación motivada por discapacidad. El Estado mexicano tiene la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que incluye erradicar la discriminación desde el propio ejercicio del poder público.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD): Ratificada por México, es ley suprema. En su artículo 5, obliga a los Estados Partes a prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizar protección legal igual y efectiva contra la discriminación. La Diputada Castillo Moreno, al discriminar y excluir a personas con discapacidad en su entorno laboral, viola este tratado internacional.
B. Configuración de Violencia Política por Razón de Género
La violencia que he sufrido, y que han sufrido otros compañeros con discapacidad, no es un conflicto personal y mucho menos menor. Encaja perfectamente en la definición de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:
• Artículo 20 Bis: Define la violencia política como «aquellas acciones u omisiones… que tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de sus cargos…».
• Las amenazas, la exclusión del trabajo legislativo, el hostigamiento y la campaña de desprestigio en mi contra (y de otros) constituyen actos de violencia política que menoscaban mi ejercicio como diputada suplente y dañan mi imagen y mi carrera. Es, además, una violencia que se ejerce desde una posición de poder contra una mujer con discapacidad (yo), lo que agrava la situación. Además que mi condición me pone en desventaja frente a ella, ya que soy una persona con parálisis cerebral y sordo ciega parcial (discapacidad múltiple)
C. Discriminación y Acoso Laboral
• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: Esta ley reglamenta el Artículo 1° Constitucional y tiene por objeto garantizar y promover los derechos de las personas con discapacidad. Las acciones de hostigamiento y exclusión de la Diputada Castillo Moreno son una violación directa al espíritu y la letra de esta ley.
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: Prohíbe toda práctica discriminatoria que anule o menoscabe el reconocimiento de los derechos.
• Artículo 149 Ter del Código Penal Federal: Tipifica como delito la discriminación, estableciendo sanciones de prisión de 1 a 3 años para quien discrimine a una persona por motivo de discapacidad.
Quiero ser clara: yo no lucro con mi discapacidad. Este cargo, que es meramente enunciativo, no me ha otorgado ningún beneficio personal. Al contrario, solo ha servido para exponerme, inventar historias sobre mí, atacarme, maltratarme y exhibirme.
Me han corrido del Congreso, como a otros compañeros, me han amenazado y me han silenciado. Pero mi lucha no comenzó aquí; comencé hace más de 10 años en la trinchera social, y desde hace 2 años y medio la he intensificado con más fuerza para que se nos respeten nuestros derechos.
No estamos aquí para pedir empatía, ni mucho menos lástima. No somos invisibles. Convivimos todos los días en la sociedad chiapaneca, convergemos con ustedes, caminamos con dificultad sorteando barreras arquitectónicas y actitudinales que no desaparecen, pero lo hacemos a su lado. Nos ven por todos lados, pero aún nos siguen viendo como «los pobrecitos» o «los tontos». Esa visión capacitista es la raíz de la violencia que padecemos.
Desde que esta legislatura tomó protesta, hemos vivido un retroceso brutal. No se nos toma en cuenta, no hay consultas de las supuestas iniciativas (nada de nosotros sin nosotros). No se nos pregunta. Se simula una inclusión aparente, vacía, mientras todos nosotros, por nuestro lado, hacemos lo máximo que podemos para sobrevivir, sin tener a alguien que realmente nos represente. La firma de ese acuerdo para apoyar a quien ejerce la violencia contra nosotras y nosotros es la prueba más fehaciente de esta simulación.
Este posicionamiento no es un acto de deslealtad, sino un acto de congruencia, denuncia y defensa de la ley. He optado por la vía institucional al presentar las pruebas ante el Diputado Mario Guillén y al aceptar sus disculpas, en nombre de la diputada Castillo Moreno, en su momento para no iniciar acciones legales, en un acto de buena fe que no ha sido correspondido.
Mi deber de alzar la voz encuentra sustento en el siguiente orden jurídico:
1. Artículo 1° de la CPEUM y Tratados Internacionales: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es ley suprema y establece en su Artículo 4 la obligación de adoptar medidas para asegurar el pleno goce de los derechos. La omisión de esta legislatura y la violencia ejercida constituyen una violación directa.
2. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: Garantiza el derecho a la no discriminación y a la participación en la vida pública. Excluirnos de las consultas y decisiones nos arrebata este derecho.
3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Artículo 20 Bis): Las amenazas, el hostigamiento y la campaña de desprestigio en mi contra constituyen Violencia Política por Razón de Género, ejercida desde el poder para anular mi ejercicio como suplente.
4. Artículo 149 Ter del Código Penal Federal: La discriminación por discapacidad está tipificada como delito y merece sanción. Callar ante esto es ser cómplice de un delito.
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Conclusión y Exhorto:
No puedo, ni quiero, ser tibia. El miedo a las represalias ya no me paraliza porque el costo de mi silencio es más alto que el costo de mi voz. Exijo a la 69 Legislatura que deje de simular. Si realmente apoyan a las personas con discapacidad, investiguen, sancionen y reparen el daño que se ha causado desde el propio poder.
Vuelvo a preguntarme, ¿Quién nos protege de ella? La respuesta es: la ley y nuestra propia valentía. Hoy, desde mi trinchera, usando mi voz como escudo, les digo a todos los que han sido amenazados: ya no están solos. Defenderé mis derechos y los de ustedes, así me cueste el cargo, el prestigio o la paz, porque mi honorabilidad no se negocia y mi lucha es genuina.
La inclusión no se decreta con discursos ni se firma con acuerdos hipócritas; se construye con acciones concretas, respeto verdadero y justicia real. Basta de utilizarnos. Basta de violentarnos. Basta de simular. Exijamos derechos, no limosnas. Exijamos justicia, no lástima.
La congruencia y el respeto a los derechos humanos no son negociables. Defenderé mi derecho a ejercer mi cargo sin hostigamiento y a denunciar la hipocresía de quienes, desde el poder, utilizan la discapacidad para construir una imagen falsa mientras destruyen a quienes la padecemos.
